Ordenan arresto de Alcalde de Porvenir por incumplir reincorporación de funcionaria

Punta Arenas. 11 noviembre 2026. Un duro revés judicial enfrenta el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, luego de que el Juzgado de Letras y Garantía de la comuna ordenara despachar una orden de arresto por tres días en su contra, debido al incumplimiento de la resolución que instruía la reincorporación de la secretaria municipal Nataly Vivar.

La determinación fue adoptada por el juez titular Pablo Audilio Aceituno Romero, quien además resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público para que se investiguen eventuales responsabilidades penales derivadas del incumplimiento de las órdenes judiciales.

La resolución se produjo luego de una presentación realizada por el abogado Max Müller Gilbert, representante de Nataly Vivar, quien solicitó al tribunal hacer efectivos los apercibimientos decretados previamente y aplicar las medidas legales correspondientes ante la falta de cumplimiento por parte del municipio.

En el marco de la causa RIT C-3-2026, el magistrado acogió la solicitud y, conforme a las facultades establecidas en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, ordenó despachar una orden de arresto por el término de tres días contra el jefe comunal.

El documento establece que, una vez ejecutada la orden por personal policial, deberá materializarse el ingreso del alcalde al Centro de Detención Preventiva de Porvenir.

La ofensiva judicial impulsada por el abogado Müller Gilbert no se limitó a solicitar el arresto del alcalde. En su presentación también pidió que los antecedentes fueran puestos en conocimiento del Ministerio Público para investigar la eventual comisión del delito de desacato.

Esta solicitud también fue acogida por el tribunal, que resolvió expresamente: «Como se pide, remítanse los antecedentes al Ministerio Público».

Tras conocerse la determinación, el abogado Max Müller Gilbert cuestionó duramente la actuación del jefe comunal y señaló: «Lo que el alcalde Parada efectuó fue menospreciar las facultades del Poder Judicial».

El profesional también anunció que solicitará investigar la eventual participación del abogado municipal Carlos Alberto Contreras Quintana, quien el pasado 6 de noviembre presentó un escrito en representación de la municipalidad, exponiendo argumentos respecto del cumplimiento de la resolución judicial.

La controversia tiene su origen en la causa laboral ejecutiva T-9-2024, relacionada con la desvinculación de Nataly Vivar y el procedimiento administrativo instruido en su contra, respecto del cual se establecieron vicios.

Posteriormente, el 30 de octubre de 2026, el juez Ricardo Alfonso Herrera Castillo otorgó a la Municipalidad de Porvenir un plazo de cinco días hábiles para dictar el decreto alcaldicio correspondiente y concretar la reincorporación de la funcionaria, conforme al artículo 473 del Código del Trabajo.

En esa resolución ya se advertía que el incumplimiento podía derivar en medidas de arresto, de acuerdo con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, además de la remisión de los antecedentes al Ministerio Público.

Pese a la advertencia judicial, la reincorporación no se habría materializado dentro del plazo establecido, situación que motivó la nueva presentación de la defensa de Vivar y la posterior resolución del tribunal.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que contempla la posibilidad de reiterar sucesivamente la orden de arresto si persiste el incumplimiento de la obligación de reincorporar a Nataly Vivar.

De esta manera, el conflicto deja de ser exclusivamente administrativo y laboral para abrir un nuevo escenario de consecuencias judiciales para la máxima autoridad comunal.

La decisión representa un episodio de especial gravedad institucional para Porvenir, al involucrar directamente al alcalde de la comuna en una orden judicial de arresto y en la remisión de antecedentes a la Fiscalía para investigar un eventual desacato.

Ahora, la atención estará puesta en el cumplimiento de la resolución judicial y en las actuaciones que adopte el Ministerio Público frente a los antecedentes remitidos por el tribunal.