Diputado Riquelme oficia al Minvu por eventuales irregularidades en adquisición de terrenos

Punta Arenas. 16 abril 2026. Tras la revelación del Informe Final N° 421-25 de la Contraloría General de la República , el diputado Alejandro Riquelme, ofició al seremi José Guajardo, exigiendo total transparencia sobre las compras de inmuebles realizadas desde el año 2021 a la fecha.

“Lo dijimos hace casi tres años, cuando comenzaron las primeras compras impulsadas por el Gobierno Regional y el MINVU: no había criterios claros, no existía coherencia con la planificación y se estaban comprometiendo recursos públicos sin una justificación técnica sólida. En ese momento se intentó bajar el perfil. Hoy, la Contraloría confirma que teníamos razón” señaló el parlamentario por Magallanes.

La acción fiscalizadora surge a raíz de una auditoría nacional al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Según el parlamentario, el informe de Contraloría evidencia que en Magallanes se habrían realizado gestiones de compra de terrenos a pesar de que instancias público-privadas habían descartado la necesidad de dichas adquisiciones.

Entre las eventuales irregularidades detectadas se encuentran: Vulneración del principio de legalidad: Compras que no se ajustan a la normativa legal aplicable. Falta de transparencia: Ausencia de actas de Mesas Regionales y falta de resoluciones fundadas para contrataciones por trato directo. Predios «En Estudio»: Existen 10 predios en Punta Arenas registrados en el sistema SIBIS bajo el estado de «en estudio», lo que pone en duda su factibilidad técnica para proyectos habitacionales.

Haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, el Diputado Riquelme ha solicitado formalmente al MINVU regional la entrega de copia íntegra de contratos de compraventa y tasaciones realizadas para cada terreno; informes técnicos de factibilidad de servicios básicos y estudios de mecánica de suelos; detalle del estado de avance de los proyectos habitacionales asociados a los 10 predios cuestionados en Punta Arenas; y justificación de precios, especialmente en aquellos casos que pudieran exceder el rango de 6 UF/m² establecido por el PEH.

«No permitiremos que la urgencia habitacional de nuestros vecinos sea utilizada como excusa para una gestión deficiente de los recursos públicos. Hemos oficiado a la autoridad regional para que aclare por qué se adquirieron terrenos sin la debida coordinación y cuál es el destino real de esos predios que hoy figuran ‘en estudio’ mientras miles de familias siguen esperando una solución,» señaló el legislador.