Contraloría confirmó irregularidades en adquisición de inmueble para Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia

Punta Arenas. 2 abril 2026. La reciente resolución de la Contraloría General de la República, contenida en el Dictamen N.ºD168/2026, confirma graves irregularidades en la compra de un inmueble por parte del Gobernador Regional Jorge Flies, destinado a una residencia para adolescentes del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, del cual era dueño un Juez Tributario de la región.

Uno de los denunciantes es el diputado Alejandro Riquelme para quien este pronunciamiento «valida las denuncias presentadas por parlamentarios y Cores respecto de un proceso que, según el organismo contralor, no se ajustó a derecho y vulneró principios esenciales de probidad administrativa».

La denuncia ante la fiscalía fue presentada por el actual diputado Alejandro Riquelme, quien puso los antecedentes a disposición de la justicia para que se investigaran estos hechos. «Asimismo, corresponde reconocer el rol y valentía de los consejeros regionales que impulsaron esta fiscalización, junto al senador Alejandro Kusanovic y al ex diputado Christian Matheson, quienes también participaron activamente en la denuncia que permitió que estos hechos fueran revisados por los organismos competentes», ahondó el parlamentario.

El dictamen establece que el Flies no realizó la licitación pública exigida por la normativa, ni dictó una resolución fundada que justificara recurrir al trato directo, modalidad que solo puede  utilizarse de manera excepcional. Además, la Contraloría concluye que la adquisición del inmueble no resultó procedente en los términos en que fue realizada, evidenciando deficiencias en el resguardo del patrimonio público y en el cumplimiento de los deberes que recaen sobre la autoridad regional.

El informe también advierte irregularidades en el proceso de selección del inmueble, inconsistencias en las tasaciones comerciales, ausencia de estudios técnico-económicos que justificaran la decisión adoptada y antecedentes que podrían comprometer el principio de probidad administrativa.

«Este dictamen echa por tierra la tesis que durante meses sostuvo el Gobernador Regional Flies, quien intentó instalar que las denuncias en su contra constituían injurias o ataques políticos. Hoy con el Dictamen firmado por la misma Contralora Nacional Dorothy Pérez, queda demostrado que las advertencias y cuestionamientos si tenían fundamento, y que finalmente la verdad se impone con antecedentes objetivos emanados del máximo órgano de control del Estado», dijo Riquelme.

Paralelamente, estos hechos están siendo investigados por el Ministerio Público de Chile, que desarrolla una extensiva investigación penal destinada a esclarecer eventuales delitos asociados a esta operación. Dicha indagatoria podría eventualmente derivar en la formalización del Gobernador Regional, de familiares vinculados a los hechos y de altos funcionarios del sistema judicial regional, en caso de acreditare responsabilidades penales.

El Diputado Alejandro Riquelme señaló que «la ciudadanía de Magallanes merece instituciones transparentes y autoridades que actúen con total apego a la ley. Este dictamen marca un punto
de inflexión: las irregularidades han quedado acreditadas y ahora corresponde que se determinen todas las responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales que correspondan.»