En cuatro años Fundaciones adeudan rendiciones por $6.500 millones

Punta Arenas. 3 julio 2026. El seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa, valoró las medidas adoptadas por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que en su cuarta sesión resolvió instruir nuevas investigaciones en los ministerios de Salud, Deporte, Energía y Agricultura, además de dar cuenta de una serie de alertas detectadas en materia de transferencias de recursos, rendiciones de cuentas y compras públicas.

Entre los principales antecedentes del informe se establece que, entre 2022 y 2026, se transfirieron más de $5,4 billones a fundaciones sujetas a rendición de cuentas, de los cuales más de $1,4 billones aún no acreditan su rendición. Asimismo, de las 177 fundaciones creadas durante ese período, 79 no registran ninguna rendición, manteniendo más de $6.500 millones pendientes de acreditar.

Frente a estos antecedentes, el seremi de Gobierno señaló que el Ejecutivo está actuando con responsabilidad, fortaleciendo los mecanismos de control del Estado.

«Las cifras conocidas son una señal de alerta que el Estado tiene el deber de investigar. No afirmamos que en todos los casos existan delitos, porque eso corresponde determinarlo a las instituciones competentes. Pero sí creemos que existen antecedentes que requieren una revisión profunda y, cuando corresponda, el establecimiento de responsabilidades. Nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y asegurar que cada peso sea utilizado en beneficio de las personas.»

El reporte también detectó un uso intensivo del trato directo en distintos organismos públicos, identificando servicios donde más de la mitad de las compras fueron realizadas sin licitación pública y un incremento en la utilización de causales excepcionales para contratar.

Sobre este punto, Roa afirmó que fortalecer la probidad exige mejorar permanentemente los mecanismos de control.

«Los mecanismos excepcionales deben utilizarse solo cuando la ley lo permite y las circunstancias realmente lo justifican. Cuando los informes muestran señales de riesgo, el deber del Gobierno es fiscalizar, revisar los procedimientos y adoptar medidas que fortalezcan la transparencia. La confianza ciudadana se construye con instituciones que rinden cuentas y administran responsablemente los recursos de todos los chilenos.»

El informe también da cuenta de avances en investigaciones ya iniciadas, entre ellas el caso de más de $14.000 millones en raciones de alimentos no entregadas por JUNAEB, que fue denunciado al Ministerio Público, así como la revisión de más de $100.000 millones asociados al programa Becas Chile. Asimismo, el Comité instruyó nuevas investigaciones especiales en los ministerios de Salud, Deporte, Energía y Agricultura para revisar compras públicas, transferencias de recursos, rendiciones de cuentas y ejecución de programas.

Finalmente, el seremi de Gobierno reiteró que la administración del Presidente José Antonio Kast seguirá fortaleciendo la fiscalización del gasto público.

«Estamos avanzando en fortalecer los controles del Estado y en actuar cada vez que existan antecedentes que ameriten una investigación. Ese es el mandato que nos ha dado el Presidente: cuidar los recursos de todos los chilenos con responsabilidad, transparencia y sin espacio para la opacidad. La probidad no puede ser una consigna; debe reflejarse en acciones concretas que fortalezcan la confianza de la ciudadanía.»