Punta Arenas. 3 enero 2024. En relación a los hechos acontecidos en última sesión del Consejo Regional del jueves 28 de diciembre de 2023 y sus posteriores consecuencias públicas, la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, lamentó “tener que comenzar el año 2024, denunciando de manera pública, la falta de respeto y de dignidad de trato, con la que algunos consejeros regionales se han expresado recientemente al interior del Honorable Consejo Regional, denostando el desempeño laboral y profesional de nuestros compañeros de labores, en términos de la capacidad y el soporte técnico que estos llevan adelante para el buen funcionamiento de ese cuerpo colegiado”.
Mediante una declaración pública, el gremio recordó que al interior del Gobierno Regional se mantienen sin resolución dos presentaciones por maltrato laboral en contra de dos funcionarias. La primera aún se encuentra en proceso sumarial interno, que data desde 2020, a la espera de la definición de responsabilidades. La segunda, efectuada junto a la ANEF durante 2023 y que ha sido derivada hacia la Contraloría General de la República, “sin que hasta ahora se tenga respuesta alguna”.
Producto de la demora en estos casos y de la falta de defensa por parte de las “jefaturas” los funcionaros aseguran que las asociadas se encuentran “en una situación de incertidumbre y de vulnerabilidad que nos preocupa, por lo que exigimos que estos casos de maltrato laboral, puedan ser investigados y resueltos con la máxima celeridad”.
Aunque en la declaración no se mencionan el nombre de las funcionarias afectadas ni de los acusados, el gremio recriminó abiertamente al consejero regional Alejandro Riquelme (Republicanos) de “improcedentes insinuaciones públicas” a través de supuestas declaraciones realizadas en un medio radial en las que se habría referido al Caso Fundaciones en donde habría señalado que “podrían existir ciertos niveles de complicidad de parte de las o los funcionarios del Gobierno Regional con las fundaciones cuestionadas”.
La Asociación de Funcionarios aseguró que las declaraciones de Riquelme podría constituir un delito, por lo que “nos reservamos el derecho de iniciar las acciones judiciales”.
Finalmente, indicaron que “no hemos visto hasta ahora, por parte de la propia autoridad administrativa del Gobierno Regional, señales claras que nos permitan contar con la certeza, de que, al respecto, se tomarán acciones que demuestren un nivel de “tolerancia cero” frente al maltrato o el acoso laboral, cada vez que este tipo de situaciones se produzca en nuestros espacios de trabajo”.
