Punta Arenas. 4 enero 2023. Desde hace casi dos años, el Gobierno Regional viene trabajando, en conjunto con el sector privado, en detectar las necesidades normativas, de infraestructura y medio ambientales que implica la instalación del hidrógeno verde en Magallanes. Un rol protagónico ha tenido el Gobernador Regional, Jorge Flies, cuya administración, en conjunto con Corfo, llevan a cabo al Programa Transforma Regional: Hidrógeno Verde en Magallanes. La tarea es gigantesca. Sólo cabe observar que el interés de los privamos suma, aproximadamente, U$40 mil millones en inversiones. Es una cifra inédita que podría generar una expansión económica superior a lo que fue el auge ganadero y el de hidrocarburos en el pasado. Si se la campara con los U$850 millones invertidos por Mina Invierno en isla Riesco, la industria del hidrógeno verde implica concretar 47 proyectos similares. Es una dimensión y flujo de capitales, recursos humanos y tecnologías sin precedentes.
“Es una industria nueva y el país debe adaptarse”, define Jorge Flies en una extensa entrevista concedida a www.dialogosur.cl
Ordenamiento territorial
“Las empresas y privados que hagan estos contratos, cumpliendo las normativas ambientales y económicas, no tienen otro impedimento para poder instalarse. Esa es la normativa chilena”, explica Flies al ser consultado por la debilidad normativa del Estado en cuanto a realizar un ordenamiento territorial de la industrial del hidrógeno verde. “Son limitadas las posibilidades de intervención (del Estado) en los contratos privados”, agrega la autoridad, pero asegura que “las empresas saben que no pueden llegar e instalarse a toda costa y a todo costo en un territorio. Y hay plena conciencia, de hecho, algunas de ellas han iniciado en forma explícita sus consultas ciudadanas previas al estudio de impacto ambiental. Ellos saben que el trabajo con las autoridades es clave para ver efectivamente la disposición y cómo van a trabajar el tema de la instalación y cuáles son las necesidades.”
Flies dice que el Gobierno Regional va a cooperar para conformar líneas base medio ambientales con el propósito de definir la flora, fauna y condiciones biológicas de cada uno de los territorios, para tener un punto de evaluación antes del impacto de la construcción masiva. “Es la foto previa”, resume.
Asegura que el sector privado es consciente que se debe coordinar y cooperar para levantar en conjunto la infraestructura común, tales como muelles, poliductos y líneas de transmisión. “Tienen que dar el paso, en 2023, de trabajar asociadamente para que tanto con las autoridades nacionales, normativamente, como las regionales, en ordenamiento territorial, nos podamos sentar y decir dónde colocamos los puertos, dónde son los desarrollos de los poliductos comunes, y líneas de transmisión que, probablemente, son las de mayor impacto en el uso de territorio, incluso territorio público. (…) que los terminales industriales estén muy cercanos de los terminales portuarios para que las zonas de impacto, como Cabo Negro, sea en conjunto.”
Aun así, Flies reconoce que los instrumentos de ordenamiento territorial son insuficientes y que el Estado está algo atrasado en esa materia. “Tenemos instrumentos que, si bien no tienen todo el poder que uno quisiera, tenemos el Plan de Ordenamiento Territorial Intercomunal, el Programa de Ordenamiento Territorial, el Estudio de Borde Costero con evaluación ambiental estratégica. Cuando te piden autorización ambiental, los proyectos tienen que estar en acuerdo y alineados con estos instrumentos de ordenamiento territorial. Los acuerdos entre privados, finalmente van a tener que responder a un ordenamiento territorial que hoy día están dados”, define.
¿Cómo puede el Estado asegurar que los estándares medio ambientales y de ordenamiento territorial estarán, normativamente hablando, listos antes de que se inicie la evaluación de estos proyectos?
“Hay un derecho adquirido. Cuando las empresas se instalan en Chile, cumplen toda la normativa existente y se les autoriza. Si después de dos años Total, HIF y Austria Energy cumplen toda la normativa, no podemos el tercer año decirles ahora vamos a sacar otra ley. Lo que tiene que hacer el Estado, se lo hemos dicho al ministro de Economía, de Energía, de Medio Ambiente, que, si efectivamente hay estándares que queremos proteger, mejorar, extender, eso lo tienen que hacer muy rápido. Entiendo que uno de los acuerdos que hay con las empresas, los inversionistas, es decirle que hoy este es el listado, el check list de lo que tienen que hacer, y probablemente le han puesto un asterisco a lo que está en revisión. Por ejemplo, un complemento a la ley de Energía, con el tema del hidrógeno verde.”
Actualmente existen tres proyectos en las etapas preliminares previo al ingreso del sistema de evaluación ambiental, y otros diez en estudio. Se estima que en la etapa constructiva generarían alrededor de 10 mil puestos de trabajo en una región en donde casi no existe desempleo.
Para el Gobernador Regional, Enap va a jugar un rol trascendental, socio estratégico inicial, aprovechando la infraestructura de la estatal. “El hidrógeno verde es una oportunidad que tiene Chile y la región de industrializar un proceso de energía renovable que va a ser de exportación. Son diez años en los que se tienen que dar la factibilidad medio ambiental y luego el proceso constructivo.”
¿A usted le gustan todos los proyectos que están en carpeta? Uno de ellos, el de Total, contempla confinar el parque Pali Aike dentro de una mega plata aerogeneradora.
“Todo proyecto, siempre tendrá objeciones, todos tienen externalidades negativas. El único instrumento que tenemos como autoridad es el proceso legal, no discrecional. A mi puede gustarme o no gustarme, pero esa es una opinión personal. Como autoridad lo que tengo que hacer es cumplir la ley. Si no estamos de acuerdo y encontramos insuficiente la ley esta debe ser más exigente y subir los elementos que hoy no tenemos en la ley.”
Valor compartido
Flies destaca que la industria del hidrógeno verde incorpora valor agregado al producto final por lo que “genera industria” y no sólo extrae materias primas. También avizora la posibilidad de que esta actividad pueda entregar “excedentes eléctricos” a la región. “Lo más probable es que vamos a cambiar la matriz (energética de Magallanes). Nosotros consumimos poca electricidad, nuestra calefacción es a gas, uno de los temas que tienen que hacer es electrificar las ciudades. Si el calor eléctrico empieza a ser más barato que el calor a gas, lo más probables es que tu cambies las estufas a gas a estufas eléctricas.”
Finalmente, la autoridad destaca la actualización de la Ley de Rentas Regionales, la que permitiría “que (las empresas con presencia regional) dejen sus tributos en los territorios, como es el modelo del Fondema. Lo más probable es que aquellos procesos productivos de envergadura que tiene el país dejarían parte de sus impuestos al Estado en el territorio y pasaría ser parte de los ingresos de los Gobierno Regionales” con la expectativa de duplicar los recursos de los Gobierno Regionales.
