Punta Arenas. 18 octubre 2022. A través de pronunciamiento número E267186 del 14 de octubre de 2002, el Contralor Nacional de la República, Jorge Bermúdez, dio un plazo de 60 días para revertir la firma de Convenios para traer refugiados a Magallanes con la ONU y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por parte del Gobernador Regional, Jorge Flies, la Alcaldesa de Puerto Natales, Antonieta Oyarzo, junto a otras 9 municipalidades.
El dictamen señala en su apartado de Análisis y Conclusión, que la firma de estos Convenios con Organismos Internacionales es una atribución exclusiva del Presidente de la República y no de los Gobernadores y Alcaldes: “ Vista la regulación aplicable y la jurisprudencia citada, se advierte que la conducción de las relaciones internacionales es una potestad que le corresponde ejercer al Presidente de la República como Jefe del Estado, con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores”, “…las entidades denunciadas no ajustaron su obrar a derecho al haberlos suscrito, pues la celebración de esos acuerdos excede las atribuciones que el ordenamiento jurídico les confiere a los gobiernos regionales y a las Municipalidades y no se enmarca en los supuestos previstos en el artículo 35 de la citada ley N° 21.080.”
Los hechos se inician el 3 de febrero de este año, cuando el Consejero Regional Riquelme, aún electo, solicitó vía transparencia el convenio firmado por el Gobernador Flies. Este se negó a su entrega, como, asimismo, tampoco registró las reuniones llevadas a cabo con altos funcionarios de la ONU y ACNUR, las cuales hasta la fecha no han sido han publicadas en el Registro de Audiencias del Gobernador.
A pesar de lo anterior, el Consejero Regional acudió al Tribunal de Transparencia, quien obligó a Flies a publicar el contenido íntegro del convenio, en febrero del presente año. De esta forma se pudo constatar que: una vez firmado el Convenio que data de diciembre del año 2021, el Gobernador comenzó a financiar con recursos del presupuesto del Gobierno Regional, servicios gratuitos de orientación socio-jurídica a refugiados y migrantes. Estas actividades alcanzaron a ser desarrolladas, solo durante el mes de enero de 2022 por Fide XII y el apoyo técnico de la Clínica Jurídica de la UMAG, que es liderada por la hermana del Gobernador: Anggie Flies.
La misma hermana del Gobernador, detallaba el trabajo realizado en enero: “las personas llegan a la clínica jurídica y se les atiende en temas de relevancia como su estatus migratorio, pero no solamente eso, sino que también hay otros problemas que tienen al entrar a nuestro país, como es la vulnerabilidad en cuanto a cómo es el trato por parte de su empleador, o eventual empleador informal; y también en temas de familia, entre otros.”
Con los antecedentes recopilados, los hechos fueron denunciados ante la Contraloría por Riquelme y el diputado Christian Matheson. El dictamen del Contralor Nacional señala que el Gobernador Flies y los Alcaldes denunciados han realizado una “invasión al ámbito propio de la potestad de Carta Fundamental le confiere al Jefe de Estado para conducir las relaciones internacionales” y termina obligando a ”el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y las Municipalidades de Arica, Valparaíso, Estación Central, Santiago, Ñuñoa, La Pintana, Recoleta, Concepción, Talcahuano y Puerto Natales, deberán arbitrar las providencias que según el ordenamiento correspondan a fin de corregir la irregularidad antes descrita, de lo cual informarán a las respectivas Contralorías Regionales en un plazo de 60 días hábiles desde la notificación del presente pronunciamiento.”
Los denunciantes no descartan solicitar al Contralor una investigación adicional, para determinar la cantidad de recursos utilizados en el cumplimiento de estos convenios, que a la postre determinó Contraloría, no debieron haber sido firmados el Gobernador Flies y los alcaldes.
