Expertas en derecho ambiental e internacional manifiestan que el Acuerdo de Escazú «no pone en riesgo la soberanía del país»

Valparaíso. 17 septiembre 2020. La Comisión de Medio Ambiente abordó la posición del Gobierno en relación a la suscripción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú», considerando que en 9 días más vence el plazo para ratificar el Acuerdo.

Junto con lamentar la ausencia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente a la sesión, los senadores presentes acordaron oficiar a Cancillería y a la cartera especializada para “conocer si existe un informe jurídico, elaborado por la división de asuntos jurídicos de dicha cartera, en donde se den todos los argumentos y recomendaciones para ratificar o no el Acuerdo”.

En esta misma línea, se oficiará al Presidente de la República para “reiterar la urgente necesidad de que Chile sea parte de Escazú”.

Pese a la ausencia de representantes del Ejecutivo, la Comisión -presidida por el senador Alfonso De Urresti- conoció los alcances desde el derecho internacional y del medio ambiente, a través de las exposiciones de la doctora en Derecho Internacional, Paulina Astroza, y de la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, quienes coincidieron en que “Escazú no pone en riesgo la soberanía del país”.

A juicio de la abogada Paulina Astorga, tras detallar los alcances de la norma, expresó que “desde el punto del derecho internacional y de las relaciones internacionales, no veo razón, ni fundamento alguno, para no ser parte del Acuerdo”. Más aún, prosiguió “existe una contraposición entre la declaración de las relaciones exteriores y la no firma del Acuerdo, eso le hace daño también a la imagen internacional, porque debe existir coherencia entre lo que proclamamos y lo que se hace internamente”.

Además, cuestionó las razones aludidas en 2018, para abstenerse de la firma y explicó que el “recurrir a la Corte Internacional de Justicia, lo encontramos en muchos acuerdos internacionales, de los cuales Chile es parte”.

Por su parte, para Valentina Durán resulta fundamental firmar el Acuerdo y seguir con las recomendaciones de organismos internacionales y reforzar el acceso a la información en general, para poder generar políticas públicas que tengan en su base aportes científicos y de participación ciudadana con información transparente y accesible.

“Escazú no indica el camino, sino que el objetivo, por eso es posible que sea suscrito por países con diferente grado de compromiso medioambiental (…) y no va tan lejos como sí lo hace la OCDE”, sentenció y enfatizó en que “la urgencia de la crisis ambiental y climática no da tiempo para vacilaciones”.