Poder Judicial emite protocolo para el retorno gradual a las labores presenciales en los tribunales

Santiago. 7 julio 2020. La Corte Suprema aprobó un protocolo para la organización del trabajo en los tribunales y unidades judiciales mientras dure el estado de excepción constitucional por la pandemia, y para la vuelta paulatina al trabajo presencial en tanto se mantenga el estado de alerta sanitaria.

El «Protocolo de manejo y prevención ante covid-19 en tribunales y unidades judiciales» recoge las discusiones de una mesa de trabajo constituida por el máximo tribunal con representantes de los gremios del Poder Judicial y profesionales de la Corporación Administrativa.

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, explicó que «los principios rectores del protocolo son proteger la salud y seguridad de los funcionarios, asegurar la oportuna atención a todas las personas que requieren la intervención del tribunal, reforzar las medidas de higiene personal y de las instalaciones, gradualidad en la reincorporación de funcionarios para tareas de atención presencial y aquéllas que presentan mayor dificultad para ser desempeñadas a distancia y rotación de su personal».

El documento señala que «mientras se mantenga el estado de excepción constitucional o se mantenga vigente por la autoridad el estado de alerta sanitaria deberá mantenerse la modalidad teletrabajo extraordinario, con turnos de trabajo presencial en lo estrictamente necesario».

Tres etapas para el retorno Así, el protocolo establece tres etapas: La primera –mientras se mantenga el estado de excepción constitucional–, contempla el teletrabajo «como la forma regular y ordinaria» en que se debe prestar el servicio judicial.

En este periodo se mantendrá la protección de los grupos de riesgo (mayores de 60 años, con comorbilidad, inmunosuprimidos, embarazadas o que vivan con adultos mayores de 70 años o niños con enfermedades con alto riesgo) y se reduce al mínimo la cantidad de personas en modalidad de trabajo presencial.

En la segunda etapa –una vez terminado el estado de excepción constitucional y mientras se mantenga el estado de alerta sanitaria– se continúa con teletrabajo, «sin perjuicio de avanzar paulatinamente en la vuelta al trabajo presencial».

Durante esa etapa se debe asegurar que el personal que trabaje de manera presencial no sea superior al 50% de su dotación total, y no se puede incluir en turnos presenciales a personas de los grupos de riesgo.

Finalmente, la etapa tres –terminado el estado de alerta sanitaria– los tribunales y unidades judiciales deberán retomar el trabajo regular, pudiendo implementar la modalidad de teletrabajo ordinario.

También se establece que cada tribunal o unidad judicial debe elaborar un plan de trabajo para retomar gradualmente las funciones en modalidad presencial, «privilegiando las labores que no pueden ser adecuadamente desarrolladas a través de teletrabajo, las que registren mayores retrasos y las con mayor impacto social».

La ministra vocera también informó que se implementarán «las medidas recomendadas por la autoridad sanitaria para dar las garantías necesarias para un adecuado retorno al trabajo».

En ese sentido, el protocolo reconoce tres niveles de exposición al contagio por parte de los funcionarios, según la función que desempeñan (expuesto al contagio, mediana exposición al contagio y baja probabilidad de contagio).

En base a esas categorías, se establece la obligatoriedad de proveer a los funcionarios los elementos de protección personal adecuados y la habilitación de espacios protegidos en las oficinas.

También se disponen medidas para el uso de dependencias y aforo máximo para las oficinas.

Fuente: Emol.com –