Balance 2019 de la Fiscalía: Desórdenes públicos aumentaron en un 378%

Santiago. 31 enero 2020.  Este viernes, el Ministerio Público publicó su Boletín Estadístico del año 2019, que da cuenta de las denuncias y controles de detención que se realizaron en la institución durante el año pasado, que se vio marcado por el comienzo de la crisis social.

El catastro da cuenta de un ingreso de 1.455.535 denuncias, que representa un alza de 9.3% respecto al año 2018.

El informe también demostró una cifra histórica en el ingreso de denuncias de delito de desórdenes públicos, que aumentó en un 378%, y el de apremios ilegítimos, que subió en un 249%.

El 92% de los delitos adicionales ingresados en 2019 se deben al incremento en las categorías de delitos económicos y tributarios (38.654); delitos contra la libertad e intimidad de las personas (20.010); otros delitos contra la propiedad (15.098), lesiones (14.960); hechos de relevancia criminal (11.875); otros delitos (7.708); delitos de tortura (5.680) y delitos sexuales (4.378).

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Si bien el trimestre octubre – diciembre de 2019, marcado por el estallido social, no representó una variación significativa, se triplicaron los delitos de desórdenes públicos y apremios ilegítimos.

Además de las denuncias, el informe también incluyó las audiencias de control de detención. En total, hubo 36.745 imputados formalizados, de los cuales 4.032 quedaron privados de libertad, mientras que 33.189 con otras medidas cautelares.

Entre los delitos que con mayor frecuencia se presentaron en audiencias de control de detención entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 destaca el robo en lugar no habitado, que creció un 113,6% y los desórdenes públicos que aumentaron un 4.433,9%. Por el contrario, se observó en estas audiencias una disminución de los delitos de hurto falta (-49%), robo por sorpresa (-40%), microtráfico (-39%) y robo con intimidación (-33%).

Violaciones a los Derechos Humanos

Desde el inicio de las manifestaciones sociales en el país y hasta el 30 de noviembre pasado, las víctimas por violaciones a Derechos Humanos que conoció el Ministerio Público alcanzaron los 5.558 personas, siendo 4.525 adultos y 834 niños, niñas y adolescentes.