Santiago. 27 septiembre 2019. El proyecto de reforma a las pensiones sigue su avance en el Congreso. El Gobierno presentó en la Comisión de Hacienda sus indicaciones a la iniciativa, en donde se acordó votar el proyecto hasta despacharlo el próximo 8 de octubre, para que éste pueda ser revisado el mismo mes en la sala de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la discusión de la reforma puede sumar una nueva arista: el caso de María Angélica Ojeda. La profesora jubilada de Antofagasta pide que su AFP le entregue la totalidad de sus fondos previsionales para pagar un crédito hipotecario. La Corte de Apelaciones de dicha ciudad determinó llevar la disputa al Tribunal Constitucional (TC), el que deberá determinar si se contrapone el derecho a la propiedad con el decreto de Ley 3.500, el que rige el actual sistema de pensiones.
Este nuevo escenario podría incidir en la discusión de la reforma al sistema de pensiones. Así lo confirmó a El Dínamo la presidenta de la Comisión del Trabajo, la diputada Gael Yeomans (CS). “Cualquiera sea el pronunciamiento del TC, este es un tema sumamente importante de la reforma. Si se declara la inconstitucionalidad, se hace muy difícil llevar una reforma que profundiza esa visión”.
“Si el TC declara la constitucionalidad de los artículos, se echa abajo una de las tesis de esta reforma, donde se señala que la capitalización individual es mejor que el reparto porque los afiliados son dueños de sus pensiones”, agrega.
En esa línea, consultada sobre una posible “reforma a la reforma” tras el pronunciamiento del TC, Yeomans asegura que “este debate va a quedar abierto, por lo tanto este conflicto se va a mantener y va a llevar a plantear una nueva reforma“.
El caso de Ojeda, en tanto, ya tuvo su primer efecto en el proyecto de ley: los diputados DC Gabriel Silber y José Miguel Ortíz, presentaron este jueves una indicación que busca permitir el retiro de fondos para pagar su crédito hipotecario.
Para ello, se deben cumplir ciertos requisitos, como que la persona haya cumplido la edad jubilatoria que establece la ley, que los fondos sean utilizados para pagar un saldo insoluto de crédito hipotecario con bancos e instituciones financieras reguladas en el decreto 252 de 1960, y que los créditos hipotecarios estén asociado a una vivienda única cuyo avalúo fiscal no supere las 4.500 UF.
Fuente: El Dínamo.
