Punta Arenas. 28 diciembre 2012. Hasta el Congreso Nacional llegaron las denuncias, que por meses ha hecho públicas la Cámara Franca de Punta Arenas, en relación a la irregularidades e ilegalidades que se comenten en la Administración de Zona Franca por parte de la Sociedad Rentas Inmobiliarias Ltda (SRI) del grupo Fisher.
Esta vez fue el diputado radical por Atacama, Alberto Robles, quien en la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara Baja solicitó pública y formalmente al Gobierno Regional de Magallanes una serie de antecedentes y aclaraciones sobre las denuncias que ha realizado la Cámara Franca.
En la declaración leída por el parlamentario en Valparaíso, recuerda que la Zona Franca “es un recinto de propiedad del Estado de Chile”, y que la empresa concesionaria “no puede, por intereses propios, incumplir aquellos compromisos que asumió en el contrato suscrito con el Estado de Chile”.
En su alocución el legislador realizó una serie de cuestionamientos, que deben ser aclarados por el Gobierno Regional de Magallanes, relacionados con los informes de la Contraloría General de la República, del rol fiscalizador que le compete al ejecutivo local, sobre la auditoria que realiza la empresa Ernest & Young cuyos detalles de ejecución se desconocen, y sobre el desempeño de la Comisión y Seguimiento del Contrato de Concesión.