Punta Arenas. 26 noviembre 2024. Tras varios meses de pausa, la próxima semana se reiniciará el proceso de consulta indígena en el marco de la elaboración de los planos de manejo de los parques nacionales Kawésqar, Bernardo O’Higgins y la Reserva Nacional Kawésqar.
El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, informó que las jornadas de consulta se llevarán a cabo el 29 de noviembre en Punta Arenas, el 30 de noviembre en Puerto Natales y el 7 de diciembre en Puerto Edén. Este proceso, liderado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes, se había visto suspendido tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió un recurso de protección interpuesto por una comunidad kawésqar participante. Dicho fallo dictaminó que el proceso debía concluir la primera etapa de planificación para llegar a acuerdo con los consultados respecto a la metodología a aplicar las etapas siguientes del proceso de consulta.
La consulta indígena es un deber del Estado de Chile y un derecho de los pueblos originarios al nivel de considerarse la piedra angular para garantizar los demás derechos que podrían afectarse cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas. Este derecho, se encuentra establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y reglamentado en el Decreto Supremo N°66 del Ministerio de Desarrollo Social.
En el caso de la región de Magallanes, los parques nacionales Kawésqar, Bernardo O’Higgins y la Reserva Nacional Kawésqar se ubican en el territorio ancestral del pueblo Kawésqar. Por ello, es que este pueblo ha sido convocado a participar en la consulta con la finalidad de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento acerca de las disposiciones que se considerarán en los planes de las tres áreas protegidas y que podrían tener susceptibilidad de afectarles directamente.
En relación a los mismos planes de manejo, el Delegado Presidencial Regional anunció la apertura de un nuevo espacio de participación que se ampara en la legislación relacionada con este derecho ciudadano consagrado en la Ley 20.500, ley 21.600 y el Acuerdo de Escazú. Este nuevo espacio comenzará en 2025 y tiene como objetivo fortalecer los planes de manejo con la participación de diversos actores sociales interesados en la gestión de las áreas silvestres protegidas.
