Punta Arenas. 13 abril 2023. “Queremos invitar a la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, a que estudiemos juntos la factibilidad de “señalizar” este lugar, para que no haya olvido, para que quienes vengan a este espacio de fe sepan que aquí hubo sueños, proyectos, defensa de las personas, defensa de los derechos, defensa de la vida. Aquí hubo resistencia, solidaridad y esperanzas”, dijo la Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez, en un acto realizado la noche del martes en la parroquia del barrio 18 de Septiembre, a través del cual el Estado y el Gobierno reconocieron la labor de las iglesias y comunidades de fe que realizaron en defensa de los derechos humanos durante la dictadura cívico militar.
Autoridades religiosas, como el obispo de Magallanes, monseñor Óscar Blanco, dirigentes de organizaciones y activistas de derechos humanos, exprisioneras y exprisioneros durante la dictadura, candidatos y candidatas al Consejo Constituyente, así también como el director regional del INDH, Cristian Figueroa, y secretarios regionales ministeriales asistieron al acto realizado en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima que en 1984 fue blanco de un ataque con bomba que destruyó parte importante de su estructura.
El hecho fue recordado por la Delegada Presencial para fundamentar la razón de realizar el acto de reconocimiento a las comunidades de fe en esa iglesia. Bermúdez puntualizó que el atentado contra la parroquia se produjo apenas unos meses después del llamado “puntarenazo”, una protesta en la plaza principal de la ciudad cuando en el lugar se encontraba el general Augusto Pinochet. Desde mucho antes, apenas producido el golpe el Estado de 1973, la parroquia del barrio 18 de Septiembre era clave en la defensa de los derechos humanos y en apoyar el desarrollo de las organizaciones sociales.
Este aspecto también fue puesto de relieve por Magda Ruiz, quien lidera la agrupación de ex prisioneras de Magallanes, quien además relató la forma en que operaron los dispositivos de la represión dictatorial durante los primeros años después del golpe de Estado. La dirigente también alertó sobre las implicancias para la vulneración de derechos humanos que pudiera acarrear la nueva legislación para combatir el crimen organizado.
A su vez el sacerdote diocesano, Marcos Buvinic, en representación de la iglesia Católica y las comunidades de fe, dijo que ante la violación sistemática de los derechos humanos “la iglesia hizo lo que tenía que hacer, no había otra opción” y recordó la labor que realizaron las distintas organizaciones religiosas en apoyo a quienes eran perseguidos, encarcelados, exonerados, o a las familias de personas ejecutadas o desaparecidas.
El sacerdote, que para el golpe de Estado estaba a cargo de la parroquia de San Miguel, pero asistía a la del barrio 18 de Septiembre, también participó en la Comisión de Derechos Humanos como representante regional, y recordó el trabajo del área jurídica de la organización en Magallanes en la defensa de personas que fueron llevadas a “Consejos de guerra”, donde destacó la labor realizada por el fallecido abogado Juan Vivar.
El prelado, junto con agradecer a la Delegación Presidencial y al Gobierno de Chile por el reconocimiento al trabajo humanitario desarrollado por las iglesias, destacó la presencia en el acto de Paulina Echeverría, asistente social y que estuvo a cargo del área de Derechos Humanos de la iglesia en Magallanes.
