Punta Arenas. 10 noviembre 2022. Con 119 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución que solicita al presidente Boric la modificación en la metodología que determina el puntaje en el Registro Social de Hogares, incorporando nuevos indicadores tales como: gasto en arriendo de vivienda o dividendo de la primera vivienda, gastos en educación superior de hijos hasta los 28 años, gastos por concepto de enfermedades crónicas y catastróficas y el costo de la canasta familiar de acuerdo a la realidad de cada región.
Al respecto, el autor del proyecto el diputado Christian Matheson, señaló que si bien nuestro país ha avanzado mucho en materia de seguridad social “este Registro no es ecuánime, por no considerar aspectos que influyen fuertemente en el ingreso familiar, contribuyendo al desequilibrio en cuanto a una subsistencia digna, de familias que tiene igual o más necesidad de percibir los beneficios, que dependen de la calificación socio económica”.
“Para compensar esto, es necesario que al momento de determinar el Registro Social de Hogares se consideren gastos que influyen fuertemente en los ingresos económicos del núcleo familiar tales como: gastos en arriendo o dividendo de la primera vivienda que en muchos casos representan el 50% del ingreso familiar del sector más vulnerable de la población, pero también gastos por concepto de enfermedades catastrófica y/o crónicas”, explicó Matheson.
“Además gastos en educación superior, especialmente en personas de zonas extremas, porque en muchos casos este gasto no se reduce a pagar una matrícula o mensualidad, sino también al pago de pasajes aéreos, alimentación y alojamiento, y por último el costo de la canasta familiar de acuerdo a cada región del país”, concluyó el parlamentario.
El Registro Social de Hogares se encuentra actualmente regulado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de Evaluación Social. Este cálculo, contempla la aplicación de factores individuales como: edad, discapacidad, dependencia y necesidades educativas especiales. Lo anterior, son considerados gastos extraordinarios que afectan la economía familiar y dificultan su subsistencia.
