Defensoría penal pública lleva a la Corte Suprema el caso de joven profesor usuario medicinal de cannabis, quien lleva dos semanas en prisión preventiva

Santiago. 18 marzo 2021. Este jueves 18 de marzo la Corte Suprema escuchará los alegatos del de la Defensoría Penal Pública (DPP), organismo público que cuenta con una amplia experiencia en la correcta defensa de usuarios de cannabis en Chile.

Es importante recordar que el máximo tribunal ha dejado claro en casos anteriores que cultivar cannabis para uso personal es lícito en Chile. Incluso su anterior vocero, el ex ministro Lamberto Cisternas expuso en el Parlamento en tres ocasiones para defender este principio.

La Defensoría Penal Pública, con la colaboración del equipo de Fundación Daya, liderado por su fundadora y Directora Ejecutiva, Ana María Gazmuri, está trabajando arduamente en esta causa para la pronta liberación de este joven docente y para hacer justicia.

Esta estrecha relación de colaboración entre ambas instituciones, que suma varios años, ha logrado reiteradamente el sobreseimiento de los usuarios injustamente imputados.

Así ocurrió recientemente, en Santiago con Carlos Ramírez, también paciente de Fundación Daya, quien el viernes 12 de marzo fue sobreseído por unanimidad por el Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, por acreditarse que las 14 plantas de cannabis que cultivaba eran para el tratamiento médico de su hijo con TEA, y para una adulta mayor con dolor crónico

«Estamos frente a un grave atropello a los derechos esenciales de un usuario medicinal, correctamente acreditado.

Resulta inconcebible este empeño del Ministerio Público y las policías por perseguir a los usuarios personales de cannabis, en este caso medicinal.

Esto implica un enorme despilfarro de recursos públicos, y un inmenso daño al paciente y su familia, siendo vulnerado su derecho a la privacidad del hogar, el derecho a su honra al ser tratado como un delincuente, y, sobretodo, viéndose vulnerado su derecho a elegir su tratamiento de salud.

La ley 20.000 es clara en exceptuar de persecución penal los usos personales, pero se insiste en ignorar la letra de la ley y en aplicarla arbitrariamente.

Incluso en la modificación a dicha ley que hoy se discute en el Congreso, se aprobó la indicación que protege aún con más claridad a los usuarios medicinales, al considerar la prescripción médica como justificación suficiente para el autocultivo de cannabis, de no mediar antecedentes de tráfico.

Esta absurda persecución de pacientes debe terminar», dice la activista y directora de Daya, Ana María Gazmuri. 

LEY CULTIVO SEGURO
Idéntica indicación se aprobó en la llamada Ley Cultivo Seguro, la que modifica el Código Sanitario, con el 88% de los votos de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esto se hizo necesario justamente para mejor aclarar,  frente a la discrecionalidad con la que eran vistos estos casos, faltando al espíritu y la letra de la Ley 20.000 por los allanamientos e incautaciones perpetradas por las Policías con la anuencia del Ministerio Público a usuarios personales de cannabis, muchos de ellos medicinales, se han intensificado en los últimos meses, como ha denunciado insistentemente Fundación Daya.

La injusta persecución afecta a pacientes de distintos centros médicos y a consumidores personales o recreativos. El equipo de Daya apoya a todos aquellos vulnerados en sus derechos.

Es importante recordar que los cultivos personales de cannabis destinados a uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo, en este caso medicinal, no están penalizados en la Ley 20.000.

La gran mayoría de los usuarios criminalizados son sobreseídos pero quedan gravemente afectados en su salud emocional, psicológica y física, traumatizados por la vulneración a sus derechos.

Por lo demás, pierden sus plantas y materia prima por lo que se ven obligados a interrumpir sus tratamientos médicos, con las consecuencias que ello trae en el tratamiento de sus patologías.

Estas arbitrariedades demuestran una vez más la urgente necesidad de aprobar la Ley Cultivo Seguro, la que ha dormido dos años en la Comisión de Salud del Senado, presidida por la senadora Carolina Goic, quien ha rechazado poner en tabla el proyecto de Ley a pesar de que la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz se lo ha solicitado formalmente mediante una carta y con urgencia.

De haber sido aprobada, no existirá posibilidad alguna de que S.H. hubiese sido allanado y detenido.

Este mes cambia la composición de la comisión, la que será presidida por el senador Rabrindanath Quinteros, quien se ha comprometido a poner la Ley Cultivo Seguro en tabla a la brevedad.