Comisión CISC supervisó condiciones de habitabilidad de los jóvenes privados de libertad en Punta Arenas

Punta Arenas. 23 octubre 2020. En su segunda visita semestral del año, la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes (CISC RPA) debió realizar nuevamente su labor bajo la modalidad a distancia monitoreando el Centro de Justicia Juvenil de Río de Los Ciervos, administrado por el Servicio Nacional de Menores (Sename).

En tanto, la Sección Juvenil del Complejo Penitenciario de Punta Arenas no registraba ingresos a la fecha.

De esta manera, los comisionados pudieron verificar la condición de cinco jóvenes infractores de ley sujetos a sanción privativa de libertad o medida cautelar de internación provisoria, bajo la coordinación del seremi de Justicia y Derechos Humanos, Fabián Mella, quien contó con el apoyo de la Defensora Regional, Gustava Aguilar.

En función de no afectar los estrictos controles sanitarios vigentes, la comisión sostuvo reuniones virtuales los días 7 y 8 de octubre, recabando información online sobre las distintas áreas de trabajo que involucra el funcionamiento del recinto, tales como: infraestructura, salud, alimentación, trato recibido por los adolescentes, educación, disciplina, consumo de drogas, entre otras.

El Seremi Mella agradeció la subrogación de los distintos comisionados ante el actual escenario de pandemia, asesorando en el debido resguardo de los derechos y condiciones de vida de los jóvenes y adolescentes, especialmente en lo referido a habitabilidad y reinserción.

Esto, en consonancia con el mandato del Presidente Sebastián Piñera en orden a trabajar teniendo como primera prioridad a los niños, en particular a aquellos en situación más vulnerable.

Tales aspectos se enmarcan en el ámbito de acción de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N°20.084), para lo cual se debe visitar dos veces al año centros privativos de libertad administrados por Sename y unidades penitenciarias de Gendarmería que alberguen a adolescentes o adultos que hayan sido condenados cuando eran menores de 18 años.

La mencionada comisión está integrada a nivel regional por el Seremi de Justicia y DDHH, el Fiscal de la Corte de Apelaciones, además de representantes de la Fiscalía Regional, Defensoría Penal Pública, Corporación Municipal, Corporación Opción y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).