ENAP: trama del crudo iraní devela pagos millonarios a los abogados de ejecutivos formalizados

Santiago. 2 julio 2020. Los episodios de contaminación en dos regiones del país y el proceso judicial por corrupción al interior de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) no le salieron baratos a la estatal. Justo cuando atravesaba una de sus peores crisis -con una deuda superior a los 5 mil millones de dólares- se vio obligada a desembolsar cuantiosas sumas de dinero a un grupo de abogados liderados por Cristian Muga, destacado jurista que ha representado a figuras públicas como Fernando Karadima, John O’Reilly, Mario Mauriziano y Leonidas Vial, entre otros.

Así lo revelan documentos internos -a los que tuvo acceso BioBioChile-, en los que se da cuenta de que a la fecha, la empresa ha desembolsado casi $290 millones y aún le resta por cancelar un monto que sobrepasa los $246 millones. Es decir, un total de unos $535 millones pactados.

El primero de los contratos tuvo lugar el 26 de noviembre de 2018 en Santiago y fue firmado por Consuelo Villalabeitía y Francisco Amenábar, ambos directores legales de ENAP Refinerías S.A. (ERSA) y el propio Cristián Muga, en representación de Ortiz Abogados y Compañía, estudio en el que cumple funciones.

Para fijar los montos a pagar, la estatal instauró un sueldo base o “a todo evento” por $41 millones al momento de la aceptación de la propuesta, además de otros casi $7 millones mensuales por un plazo de seis meses. Es decir, un total de otros casi $40 millones.

En tanto, si el proceso que lleva adelante la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, termina en sobreseimiento o la decisión de no perseverar en las pesquisas, Muga y su equipo cobrarían unos $33,7 millones.

La cifra más baja la obtendrían en caso de que las indagatorias concluyan por suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio, con unos $22 millones.

Y otros $5,5 millones sólo por la preparación del juicio oral, sin contar aún con los honorarios por dicho procedimiento.

El contrato, eso sí, no contempló recompensas para el peor de los escenarios que podrían enfrentar sus ejecutivos: que sean condenados por lo ocurrido en agosto de 2018.

Y tampoco considera gastos extras, incurridos en notarías, conservadores de bienes raíces archivo judicial, estadía, transportes ni alimentación, lo que hace elevar aún más los precios.

Los otros dos

El segundo y tercer contrato fueron firmados el 13 de mayo y el 1 de agosto, ambos de 2019. Y aunque los nombres y cantidad de ejecutivos que debían ser representados variaba, la dinámica era básicamente la misma: un pago fijo, además del bono por meta lograda como ya se señaló.

Así, el primero que se suscribió ese año contemplaba que la empresa desembolsara unos $27,7 millones al momento de la aceptación del acuerdo y otros $2,7 millones mensuales por un plazo de seis meses. Es decir, poco más de $16,6 millones.

Mientras que el segundo consideraba una base de unos $56 millones por el trabajo que se extendería entre agosto y noviembre de 2019 (ambos meses incluidos).

Todo ello -otra vez- sin contemplar las bonificaciones que pueden llegar a embolsarse si la investigación termina en una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, ni tampoco los gastos extras o la preparación del juicio oral (y los respectivos honorarios por esta parte del proceso judicial).

La querella

La relación entre la ENAP y el estudio de abogados no terminó con la representación de los ejecutivos de la estatal por el caso del crudo iraní, sino que el 19 de diciembre de 2019 volvieron a sentarse juntos para firmar un nuevo contrato. Esta vez para que Muga y su equipo presentaran una querella por presuntos hechos de corrupción ocurridos al interior de la empresa.

En concreto se buscaba investigar procesos de contratación internos irregulares (que destapó la Contraloría) y en especial el proyecto PIAM, iniciativa que estaba relacionada con una intrincada red de sociedades ligadas a casos de corrupción en Argentina (ver reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío).

Todas las asesorías suman un total de unos $535 millones.

Caso aparte es la investigación secreta que lleva el Ministerio Público, en manos de la fiscal Ana María Aldana. De manera paralela a las pesquisas por las intoxicaciones masivas, también se indagan los procesos de compra del crudo iraní.

La historia va así: en 2001, la ENAP -a través de su filial Sipetrol- comenzó a realizar servicios de exploración en el país de medio oriente. Pero, para mala fortuna de la estatal chilena, tras varios años de trabajo, no fue posible establecer un acuerdo con la National Iranian Oil Company (NIOC) respecto de un plan de desarrollo para la explotación de las reservas descubiertas.

En buenas cuentas, el pago contemplaba un descuento en la factura de compra del Iranian Heavy (el mismo que llegó a Bío Bío y Quintero).

Hasta ahí todo bien, pero según publicó La Segunda, hubo una “presunta sobrevaloración en la tasación de 143 mil toneladas del crudo iraní, que ingresó a Chile en el buque tanque Monte Toledo”.

Esto cobra relevancia por dos razones. Primero, porque en el último de los contratos firmados por la ENAP en relación a este caso, la compañía pone énfasis expresamente en la adquisición del crudo y de las restricciones para su comercialización (impuestas por EEUU).

Así, pidió a los abogados la revisión de la información existente en la carpeta de la Fiscalía y de todos los antecedentes que puedan salir de la línea de investigación señalada, arista que hasta la fecha de la suscripción de dicho acuerdo no había definido tipos penales imputables.

Desde el Ministerio Público declinaron realizar declaraciones sobre el avance de las pesquisas.

Y segundo, porque el acuerdo con la NIOC -según consta en las memorias de la propia ENAP- consideraba el envío de más cargamentos del crudo. “A razón de dos por trimestre”, consigna el escrito de la compañía.

Consultada la compañía chilena por este medio, denegaron responder las preguntas al respecto.

Mientras que sobre la contratación de abogados externos, pese a poseer un vasto equipo de juristas, explicaron que se debe a que estos últimos no tienen especialidad en el ámbito penal, sino que están enfocados en operaciones propias de la empresa.

“Estas asesorías legales lo que hacen es apoyar a nuestros trabajadores, a quienes no se puede dejar en la indefensión. Por tanto, lo que corresponde a la empresa es prestarles apoyo y asesoría legal respecto a su participación en causas que están relacionadas con sus funciones, cumplimiento de tareas, con su trabajo”, expresaron.

“El expertise del equipo legal interno está asociado a temas relacionados con el negocio y las operaciones del grupo de Empresas ENAP”, cerraron.

Fuente:biobiochile.cl