Corte Suprema mantiene fallo que condenó al Fisco y Municipalidad de Punta Arenas por crecida del “Río de la Minas”

Santiago. 20 mayo 2020. La Corte Suprema mantuvo la sentencia que condenó al fisco y a la Municipalidad de Punta Arenas a pagar indemnización a vecinos de la ciudad que resultaron afectados por las inundaciones provocadas por la crecida del río Las Minas, en marzo de 2012.

En la sentencia (causa rol 25.169-2019), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Leopoldo Llanos y el abogado integrante Antonio Barra– rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que estableció que la demanda fue presentada dentro del plazo legal de 4 años.

«Que los razonamientos expresados llevan a rechazar el arbitrio, por cuanto los sentenciadores no han incurrido en el error denunciado al resolver el rechazo de la excepción de prescripción extintiva alegada por la demandada», establece el fallo.

Para la Corte Suprema: «Se agrega a los antecedentes de derecho expresados un elemento adicional cual es que la mera ausencia del lugar del juicio del representante del demandado, no puede determinar la ineficacia del actuar del actor, puesto que la notificación de la demanda constituye una actuación compleja que se inicia con la providencia del tribunal que la posibilita o dispone ya las actuaciones posteriores del Ministro de Fe que la concretan en sus diferentes modalidades, como en este caso, en que se concluyó la notificación personal aplicando el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual, ésta se originó el 27 de enero de 2016 con la presentación de la demanda, luego se trató de notificar de la providencia que le dio curso, el 11 de marzo del mismo año y, previa resolución del tribunal, se concluyó el día 14 del referido mes y año».

«Precisamente éste es el criterio seguido por esta Corte Suprema, en otras oportunidades, como por ejemplo en fallos Roles N°4897-2009, 6221-2009 y 4532-2012, por citar algunos», añade.

Asimismo, el máximo tribunal compartió el razonamiento sobre la responsabilidad del Estado, a través de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), por falta de servicio al no adoptar medidas que evitarán los perjuicios causados por la crecida del cauce provocada por frente de mal tiempo.

«Que el estudio que sirvió de base al Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Punta Arenas, contempló un caudal de crecida de 137 metros cúbicos por segundo en el área de canalización, para un periodo de retorno de 100 años y de 71 metros cúbicos por segundo en un periodo de retorno de 10 años, consignando también distintas cantidades para los lapsos intermedios», consigna la sentencia respecto de este punto.

«Pues bien –ahonda–, la demandada ha alegado que en la parte baja de la ciudad precipitó 50,8 mm, y en la parte alta de la cuenca precipitó 119,0 mm, sin embargo, ningún antecedente científico produjo o acompañó que permitiera al tribunal estimar que esa fue la medida de las precipitaciones y, en caso efectivo, que ellas excedían máximas históricas.

Por el contrario, el fallo estableció que la demandada fue informada con la debida anticipación y por el órgano técnico encargado, a través de avisos durante los días 9, 10 y 11 de marzo informando de las precipitaciones continuas, así también lo aseveró el testigo el centro meteorológico señor Ibáñez, además de existir, en el Plan de Emergencia de la Región de Magallanes, antecedentes históricos sobre inundaciones y desbordes del río Las Minas en los años 1941 y 1990».

Para la Tercera Sala: «En consecuencia, si bien se trató de un nivel de precipitaciones poco frecuente, ello no significa ni así se acreditó, que sea imposible de prever, puesto que se contaba con todos los antecedentes técnicos para concluir que, al menos cada cierto número de décadas, es muy probable un evento de crecida de esta magnitud.

A lo anterior se añade el hecho que sobre los organismos demandados pesa un deber general de previsión, con el objeto de evitar que se ocasionen a la población daños de manera recurrente, lo cual demanda que aquélla sea en un margen mayor y no igual a lo sucedido en periodos anteriores, puesto que precisamente aquello que se busca son medidas de carácter útil, idóneas y efectivas frente a sucesos superiores a los normales (…). Por tanto, no es posible concluir que la crecida que generó los daños demandados, haya sido imprevisible.

Asimismo, «(…) los antecedentes expuestos hasta ahora también permiten descartar la irresistibilidad del evento, toda vez que la Onemi estaba en conocimiento del frente climático de precipitaciones sostenidas en la ciudad de Punta Arenas, y además se contaba con Planes de Emergencia y de Protección Civil, los que no fueron ejecutados, actuar omisivo que impidió que la población fuese advertida oportunamente del desborde del río Las Minas a fin de poder proteger su persona y bienes.

En este sentido, el fallo impugnado razona descartando la irresistibilidad por la absoluta pasividad de los demandados, su negligencia o culpa del servicio, de lo que resulta claro que si los demandados no desplegaron actividad alguna, no es posible afirmar que estuvieron en la imposibilidad de resistir el evento, ya que no emplearon los medios para superarlo».

«Que, en consecuencia, no es posible concluir que las precipitaciones verificadas los días 11 y 12 de marzo de 2012 revistan las características de imprevisibles e irresistibles, de manera que no se configura la eximente del caso fortuito alegada y, al resolverlo de esa forma, no cometen yerro los sentenciadores del fondo», concluye.

Decisión adoptada con los votos en contra de los ministros Sandoval y Llanos, quienes estuvieron por acoger la excepción de prescripción.