Los procesos judiciales que persiguen a Cristina Fernández a días de asumir como vicepresidenta

Buenos Aires. 8 diciembre 2019. Es la única de las causas por las que hasta ahora Cristina Fernández es sometida a juicio, en el que este lunes declaró por primera vez. El proceso oral y público, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, se inició el pasado 22 de mayo y es el primero por presunta corrupción que afronta la ex Mandataria. Dentro de este caso se investigan supuestas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción de carreteras en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo.

La etapa de instrucción estuvo a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien determinó que cerca del 85% de los contratos viales de la provincia fue adjudicado al empresario Lázaro Báez, amigo personal del fallecido ex Presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y detenido desde 2016 por estar acusado de blanquear decenas de millones de dólares. Por este caso, Ercolini procesó a Cristina Fernández a fines de 2016 por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta agravada y en marzo de 2018 elevó la causa a juicio oral.

Dólar futuro Esta causa fue elevada a juicio oral, proceso que deberá llevar adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4. En la etapa de instrucción, la causa estuvo a cargo del juez Claudio Bonadio, quien investigó supuestas irregularidades en operaciones con contratos de futuros de dólar durante el período final del segundo mandato de la ex Presidenta.

Según la investigación, los contratos se pactaron a un precio menor al de mercado, lo que habría supuesto unas pérdidas millonarias para el Estado cuando Mauricio Macri asumió la Presidencia, a finales de 2015, y se disparó el valor de la moneda estadounidense.

Por este caso, Bonadio procesó a la senadora por presunta administración infiel en perjuicio del Estado. Pacto con Irán EFE Esta causa fue elevada a juicio, proceso que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8.

En la etapa de instrucción, el caso estuvo a cargo del juez Claudio Bonadio, quien investigó a Fernández por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.

Argentina firmó ese pacto para facilitar la investigación del atentado a un centro judío en Buenos Aires en 1994, por el que están acusados varios iraníes, pero Bonadio cree que en realidad se trató de una maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país.

La causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacer pública la acusación contra Fernández apareció muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza, algo que aún no ha sido esclarecido. Bonadio procesó a Fernández por el presunto delito de traición a la patria y encubrimiento, aunque luego la Cámara Federal, un tribunal de alzada, sólo mantuvo el procesamiento por el presunto delito de encubrimiento y revocó la acusación por traición.

Por este expediente, Bonadio pidió por primera vez el desafuero de Fernández para poder detener a la ex Presidenta, aunque el Senado no trató la solicitud del juez. Hotesur La denominada causa «Hotesur», que lleva el nombre de una empresa que tiene participación de la familia Kirchner, fue elevada a juicio oral en febrero de 2019, un proceso que deberá ser llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8.

En la etapa de investigación, el caso estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, quien investigó supuestas maniobras a través de Hotesur, firma administradora del hotel Alto Calafate (Santa Cruz), mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero a través del alquiler de habitaciones de ese hotel, que nunca se ocuparon.

Por esta causa, Ercolini procesó a Fernández en mayo de 2018 por el presunto delito de lavado de activos y asociación ilícita. También fueron procesados sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Los Sauces Esta causa, que investiga maniobras muy similares a las de la causa Hotesur, fue elevada a juicio oral, proceso que deberá ser llevada adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5.

En este caso, se investigó si los empresarios Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, y el titular del Grupo Indalo, Cristóbal López, pagaron alquileres de propiedades administradas por Los Sauces -una firma participada por los Kirchner- como retorno de las adjudicaciones de obras públicas que recibieron entre 2003 y 2015.

Fuente: Emol.com