Superintendencia de Educación entrega facilidades en el uso de la SEP «Subvención Escolar Preferencial»

Punta Arenas. 21 noviembre 2019.  Los sostenedores de establecimientos de la región podrán destinar estos recursos a la inversión en activos financieros de renta fija, como depósitos a plazo o bonos, para financiar las mejoras educativas para el año siguiente.

Considerando el actual escenario nacional y con el fin de apoyar a los establecimientos educacionales en el uso de los recursos SEP (Subvención Escolar Preferencial), a través de un dictamen la Superintendencia de Educación informó que los sostenedores de establecimientos podrán, de manera excepcional, invertir estos recursos en activos financieros de renta fija, como depósitos a plazo o bonos para financiar las mejoras educativas para el 2020.

La directora regional de la Superintendencia de Magallanes, Safira Ivelich, recalcó que “con esta medida queremos apoyar a los sostenedores de la región que tengan dificultades en la ejecución de una o más actividades programadas en los Planes de Mejoramiento Educativo.

Nuestro principal objetivo es asegurar que estos recursos sean destinados a mejorar la calidad de la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestra región y del país”.

Entre los requisitos que los establecimientos educacionales deben cumplir para acceder al beneficio figuran:

Que sean sostenedores que se encuentren en el segundo o último año de convenio en que sea posible ejecutar los recursos de la SEP.

Se verifiquen una o más circunstancias que impidan o dificulten severamente la ejecución de las actividades programadas en los Planes de Mejoramiento Educativo (PME).

Que el Ministerio de Educación autorice a los sostenedores a modificar sus PME, postergando o incorporando nuevas actividades propias de las áreas o dimensiones de los PME, a cuyo financiamiento se deberán necesariamente destinar estos recursos en la anualidad inmediatamente siguiente.

Que los intereses o créditos sean utilizados en las acciones establecidas en el PME, o en caso de que éstas se encuentren totalmente financiadas en fines educacionales.

Que la inversión en este tipo de instrumentos financieros no afecte de forma alguna la prestación de servicio educativo.