Santiago. 20 mayo 2019. Hace unos meses, el presidente de la minera, Marcos Büchi, declaró sentirse descorazonado. Esto, al estimar que pese a cumplir la normativa, tener altos estándares de operación y haber desplegado una batería de informes de 'demoledora solidez técnica', dice, no logran obtener un pronunciamiento definitivo y rápido respecto de los recursos legales que cuestionan el uso de explosivos para remover la roca y acceder al mineral. Ahora, el exdirector de Codelco dice estar 'consternado'.
'La situación ante el Tribunal Ambiental es una clara manifestación más de la crisis que vive la institucionalidad ambiental del país. No se trata de que las autoridades no estén cumpliendo su rol, pero el resultado está siendo que al final las empresas que hacen lo que tienen que hacer, que cumplen con la normativa y la regulación, no obtienen una resolución o un resultado final acorde con esos estándares, y eso es inentendible para quien quiere invertir y desarrollar actividades en este país', asegura.
El Tribunal Ambiental de Valdivia está ad portas de pronunciarse respecto de la solicitud hecha por la empresa para levantar la medida cautelar que restringe las tronaduras. Tal medida fue dictada a fines de marzo, como parte de un recurso de reclamación presentado por organizaciones ambientalistas -la Asociación Alerta Isla Riesco y la familia Stipicic, históricos detractores de la iniciativa- que buscan impugnar la autorización ambiental de este sistema productivo.
Büchi plantea que sin cuestionar la calidad de la instancia judicial y tampoco dudar de la importancia de que haya instancias donde los ciudadanos puedan reclamar por sus derechos, es crucial que todas las autoridades que integran la institucionalidad ambiental basen su análisis en los fundamentos técnicos que tienen a la vista y que 'por favor actúen con agilidad', dice.
'Las autoridades políticas que opinan sobre nuestra actividad minera -como sucede con el Tribunal Ambiental-, ni siquiera la han visto, y creo que sería muy valioso que antes de fallar se dieran el tiempo de visitar esta operación, que tiene uno de los estándares más altos que se pueden encontrar en el mundo', plantea Büchi.
El uso de explosivos para acceder al mineral es clave para la continuidad de las operaciones de Mina Invierno, y si el tribunal opta por mantener la medida cautelar que prohíbe usarlos para alcanzar profundidades mayores a los 100 metros sobre el nivel del mar, la empresa no tiene más opción que activar un plan de paralización que -según anunció a fines de abril la administración- implicará la desvinculación de la mitad de los trabajadores a fines de mayo y de la totalidad de estos en noviembre, cuando el agotamiento del material impedirá seguir adelante con las labores mineras. De hecho, añade, esta restricción productiva hizo que durante el primer trimestre de este año los embarques de carbón alcanzaran a las 350 mil toneladas, frente a las 900 mil que reportaron hace un año.
'De mantenerse la medida cautelar, debemos seguir con el programa de paralización que, desgraciadamente, ya hemos tenido que ir cumpliendo. En noviembre, prácticamente toda la actividad minera va a estar paralizada, con lo doloroso que será desvincular a los mil trabajadores que directamente están en la mina y a los dos a tres veces más trabajadores que se relacionan en forma indirecta', comenta.
Agrega que 'esto afectará a más de 200 pequeñas y medianas empresas de Magallanes, a las que contratamos servicios. Es algo que va a ocurrir, porque no existe otra forma de enfrentar este problema. Por lo mismo, hoy tengo la esperanza de que la decisión del tribunal será en un plazo corto y desde la perspectiva de acoger la fundamentación técnica'.
¿Qué ocurriría si se mantiene la prohibición? Frente a 'un caso tan adverso como ese, los accionistas de Mina Invierno esperarían que haya alguna instancia a la que se pueda apelar ante algún fallo que no tenga fundamento técnico'. En ese momento habrá que estudiar esas alternativas, agrega.
'Podemos ser parte del proceso de descarbonización de la matriz eléctrica'
Recientemente, la empresa presentó ante el tribunal documentos en su calidad de terceros coadyuvantes, ya que el recurso es contra el Servicio de Evaluación Ambiental que autorizó el uso de explosivos. Entre ellos, figuran cartas de desistimiento de una licitación para abastecimiento de carbón, de AES Gener, además de notificaciones de dos bancos rechazando solicitudes de crédito de la empresa. Al respecto, Büchi dice que están 'cruzando los dedos' para que la eléctrica les dé una oportunidad en caso de que logren el retiro de la cautelar y puedan continuar con la operación; pues de lo contrario, la eléctrica tendrá que importar el combustible.
'No podemos dar certeza de suministro a nuestros consumidores. Y con eso, curiosamente, se puede llegar al absurdo de que lo único que se logre es que en vez de producir ese carbón en Chile con los más altos estándares y con trabajadores de Magallanes, sea reemplazado por importaciones que tienen asociadas mayores emisiones y costos más altos', comenta.
Lo anterior, añade, adquiere importancia de cara al plan de retiro de centrales termoeléctricas que usan carbón, ya que este proceso será gradual y se extenderá al menos por un par de décadas, período en que este combustible seguirá utilizándose. En ese caso, dice, lo recomendable sería replicar el plan de Alemania, que durante su transición hasta el pleno retiro en 2038, privilegiará su producción local de carbón.
'Podemos ser parte del proceso de descarbonización de la matriz eléctrica, ya que por sus características, el carbón de Magallanes permite mezclas que provocan niveles menores de emisiones', puntualiza el directivo.
Fuente: El Mercurio
