Santiago. 15 marzo 2019. Sin duda la transición a una red inteligente (“Smart Grid”) es un paso necesario para poder potenciar sistemas energéticos más eficientes, que exploten los beneficios de las fuentes de Energía Renovables No Convencionales (ERNC) y que sean más resilientes a desastres naturales (hoy en aumento a causa del Cambio Climático). Para poder generar esta transformación, una pieza fundamental es la implementación de medidores inteligentes y para tener un funcionamiento óptimo el recambio debe ser al 100% de la red.
No obstante, uno de los ítems que más ha generado polémica proviene de la decisión de quién paga por el reemplazo del medidor. Distintos sectores han puesto en palestra las razones, procesos y trasfondo de esta decisión.
Se ha explicado que, como un servicio, es el usuario quien tiene que pagar por el beneficio de su uso. También se ha propuesto que la compañía pague a los usuarios por el medidor actual. Pero la pregunta que queda es: ¿cuántas veces se tendrá que pagar por este servicio?
El Valor Agregado de Distribución (VAD) es aquella parte de la tarifa final al usuario que remunera a la empresa concesionaria el servicio de distribución de electricidad; entonces, si existiesen mejoras con respecto a la empresa modelo eficiente definida a comienzos del período, esto se traduciría en ganancias para la empresa.
Digamos que en el cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD) para el período 2016-2020, se consideró el pago de sueldos de los inspectores que están encargados de leer los medidores, el prescindir de ellos y hacer uso de medidores inteligentes, podría representar una mejora que aumente las ganancias de la empresa.
Estas ganancias provendrían del costo que los usuarios pagan en el VAD por los inspectores y que seguirían pagando incluso si estos no sean ya parte del sistema. Es decir, sería como si el usuario estuviera pagando por el medidor inteligente y por los sueldos de los inspectores.
Por otra parte, cabe preguntarse qué sucederá cuando los nuevos medidores fallen. Según discusiones realizadas en el Congreso Norteamericano durante el 2015 para la implementación de medidores inteligentes, se comparó la vida útil de los medidores convencionales versus los inteligentes, demostrando que la vida útil bajaba de 30 años a un promedio entre 5-7 años, para los modelos que estaban en cuestión. Siendo este el caso, ¿quién deberá pagar por el recambio de los medidores? ¿Existe desde ya un análisis que mencione el período de recambio?
Estas son algunas preguntas que aún quedan por contestar, como también si se realizaron estudios exhaustivos para saber si los nuevos medidores tendrán un aumento de lectura como se ha visto en otros países; cómo se tratarán los sistemas de encriptación de información que deben ser utilizados por las nuevas redes; o bien, cuáles serán los cobros asociados a franjas horarias.
Es de suma importancia que estas dudas puedan ser contestadas a la ciudadanía, para poder conocer y entender qué es lo que estaremos pagando y por qué.