Siete años debió esperar el mundo en situación de discapacidad para que el Congreso tramitara y legislara sobre un mínimo de cuota en las empresas para permitir su inclusión en el mundo laboral.
Los primeros proyectos presentados en junio de 2010, patrocinados por diputados de distintas bancadas, fueron empujados con una indicación sustitutiva a partir de 2016 por la Presidenta Bachelet, que deseaba cumplir con los compromisos adquiridos en su gobierno anterior, cuando suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptados por la ONU en 2006.
Finalmente este 4 de abril el proyecto fue ampliamente respaldado por los diputados y senadores y enviado al Ejecutivo para su promulgación que se espera sea entre mayo y junio. Esta nueva ley permitirá que las personas en situación de discapacidad (PeSD) sean contratadas en igualdad de condiciones en las empresas de más de 100 trabajadores, las cuales deberán cumplir con una cuota de 1% para este grupo.
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“Para ejemplificar el impacto que tendrá esta ley en el mercado laboral, en el sector privado hay más de 7.600 empresas que cumplen con el requisito de tener 100 o más empleados, por lo que se podrían habilitar más de 25.000 cupos laborales para personas en situación de discapacidad”, indicó el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.
En Chile, de acuerdo al segundo estudio nacional de discapacidad, un 20% de la población se encuentra en esta situación, de las cuales un 11,7% cuenta con un diagnóstico de “discapacidad leve o moderada” y un 8,3% es calificado como severa. El porcentaje más alto en ambas categorías se incuba en el género femenino.
Según cifras del Ministerio de Desarrollo Social existe un potencial de 33.906 personas que podrían optar a la reserva laboral que establece la nueva ley porque cumplen con las características explícitas como son el estar inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad (RND), tener más de 18 años, contar con una situación de discapacidad leve o moderada, y presentar una escolaridad de 12 años y más.
Actualmente hay 270.057 personas certificadas en el RND y de ellas, 181.736 pertenecen al rango etario entre 18 y 65 años de edad. De este número, 56.936 tiene discapacidad leve o moderada y de ellos 33.906 son empleables de manera inmediata.
Nuevas reglas
El nuevo cuerpo legal establece la obligación de las empresas privadas con 100 o más trabajadores de reservar al menos un 1% de los cupos laborales para personas con discapacidad, que cuenten con la debida calificación y certificación.
El empleador deberá registrar los contratos de trabajo celebrados con PeSD o signatarios de una pensión de invalidez, dentro de los 15 días siguientes a su celebración, a través del sitio electrónico de la Dirección del Trabajo (DT). Este organismo será el encargado de llevar un registro actualizado del cumplimiento de la normativa con la obligación de reserva de dicha información.
La iniciativa también plantea medidas alternativas para las empresas “que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente la obligación de reserva de cupo”. Previo informe a la DT, las compañías podrán, en forma alternativa por hasta dos años, celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad, con un monto anual no inferior a 24 ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que debería haber sido contratado por la empresa.
O por otro lado, podrá efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley de Donaciones -sin hacer uso del beneficio tributario- y cuyo objetivo incluya la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de PeSD.
Pero no sólo la empresa privada deberá cumplir con esta obligación sino que también todos los órganos de la administración del Estado a los que se les prohíbe cualquier acto de discriminación arbitraria, y se les conmina a considerar en forma preferente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad.
“En el caso del sector público, hay 158 instituciones, sin contemplar Municipalidades y personal administrativo de Fuerzas Armadas, que deberían habilitar alrededor de 2.500 cupos laborales para personas en situación de discapacidad”, acotó Barraza.
Asimismo, esta Ley deroga una norma de 1987 que permitía, en el caso de la contratación de una persona con discapacidad mental, el pago de un salario menor al ingreso mínimo.
Fundación Descúbreme: “Esta es una buena ley”
Lo que más valoró fue el término de ley 16.800 que permitía pagar menos del ingreso mínimo a las personas discapacitadas.
Una decena de organizaciones sociales participó en las audiencias en las comisiones de la Cámara y el Senado durante la tramitación del proyecto en el Congreso. “Aquí participamos diversas organizaciones de la sociedad civil y solidarias que hace tiempo trabajamos en esta línea. Esta es una buena ley, un buen punto de partida en la que se rescataron los puntos más relevantes”, indicó la directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme, Carola Rubia.
Los temas más relevantes para las organizaciones eran la mantención de un porcentaje de inclusión tras analizar las experiencias de países como Estados Unidos y Japón, y un período de flexibilidad para que las empresas se adaptaran a la nueva legislación.
“Además se revocó la ley 16.800 que permitía pagar menos del ingreso mínimo a los discapacitados mentalmente. Automáticamente cuando se promulgue la ley la norma regirá y las personas empezarán a recibir su sueldo como corresponde porque sabemos que era un práctica muy común entre las empresas”, comentó Rubia.
Ahora añadió viene un período desafiante para las fundaciones de ir implementando más cursos para que las personas estén realmente capacitadas laboralmente para las oportunidades laborales que se abran.
Fuenrte: Pulso
