Santiago. 27 marzo 2017. El pasado miércoles 22 de marzo, pocos días después de que el Ministerio de Educación anunciara el cierre definitivo de la Universidad Arcis, envió un informe al Cuarto Juzgado Civil de Santiago en que detalla los graves problemas de gestión que tuvo.
El documento de siete páginas al que tuvo acceso El Líbero, está firmado por Alejandra Contreras, jefa de la división de educación superior del Mineduc.
Contreras fue la encargada de anunciar el viernes 17 que “el Mineduc ha tomado la decisión de comunicar a la comunidad que se va a solicitar la revocación del reconocimiento oficial”, ya que las medidas tomadas en los últimos meses por el administrador provisional “no son suficientes para poder continuar la actividad normal de Arcis”.
La administración del PC en la Arcis
El anuncio ocurrió luego que el Cuarto Juzgado Civil de Santiago decretara la “liquidación forzosa” de la Universidad Arcis, lo que significa la quiebra de la institución, producto de una deuda que el plantel mantiene con una empresa.
El Mineduc buscaba que se inscribieran 537 nuevos alumnos para impedir el cierre pero sólo se matricularon ocho. Incluso, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, había afirmado que “la verdad es que sin tener por lo menos 550 alumnos no tiene viabilidad económica, entonces claramente Arcis ha sido un proyecto de universidad interesante, pero que ha tenido en los últimos años muchas vicisitudes económicas y eso es lo que estábamos evaluando”.
La casa de estudio fue administrada durante 10 años (2004-2013) por una docena de dirigentes del Partido Comunista, entre ellos el ex asesor de Interior Juan Andrés Lagos; el ministro Marcos Barraza; el diputado Daniel Núñez; el ex embajador Eduardo Contreras; el director de Enami, Patricio Palma; y Jorge Insunza Becker.
El lapidario informe del Mineduc sobre la Arcis
documento Mineduc sobre ArcisEl informe señala que el 29 de enero de 2015, a raíz de varias denuncias recibidas acerca de la “grave situación” que afectaba a la Arcis, el Mineduc abrió una investigación en el marco de la ley 20.800. (Informe Mineduc-Arcis 2017)
La investigación advirtió que entre octubre de 2014 y junio de 2015 la institución “no había podido pagar remuneraciones y honorarios a sus trabajadores, ni tampoco sus obligaciones previsionales y de salud.
“El resultado de la investigación señala que la casa de estudios no ha dado ninguna garantía respecto de la viabilidad administrativa o financiera global de la institución, ya que el incumplimiento de sus obligaciones como empleador y acreedor le impidió desarrollar con normalidad sus actividades de docencia, afectando a sus alumnos de distintas maneras, específicamente, en la realidad de clases en forma normal y en general, de la realización de actividades académicas con regularidad”.
Además, denunció la imposibilidad de “contar con los recursos educativos y equipamientos necesarios para sus aprendizajes, lo que se tradujo muchas veces en la carencia de los mismos, no contar con el aseo e higiene necesario y, por sobre todo, la postergación del inicio del año académico 2015”. Por dichas razones el Mineduc decidió nombrar al administrador provisional Patricio Velasco.
El documento da cuenta de las facultades de intervención contempladas en la ley 20.800, para garantizar la continuidad de estudio de los alumnos, y que los activos existentes “no se distraigan del cumplimiento de las obligaciones financieras”.
Agrupación de ex trabajadores de la Arcis acusa al Mineduc
En una declaración a este medio, la Agrupación de Trabajadores Estafados de la U. Arcis, que reune a los más de 100 empleados que demandaron a la casa de estudio por el no pago de sus sueldos y cotizaciones, señaló que han sido testigos del “proceder discriminatorio de parte del gobierno y la clase política hacia los que ganamos nuestras demandas laborales contra la universidad”.
Ello, porque el informe del Mineduc entregado al juez “indica claramente que conoce la situación de no pago desde 2014, aún así permitió que el AP no usara las cuentas corrientes para que los trabajadores no retuvieran los dineros a través de la cobranza judicial. ¿Otra violación a los derechos laborales? ¿Quién se queda con el dinero de Arcis, que legal y legítimamente le corresponde a los trabajadores?”.
Fuente: El Libero.
