Santiago. 16 abril 2016. Ayer, el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, se reunió con el ministro Jorge Burgos para informarle de los avances en la aplicación de las leyes de Partidos y de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, que fueron promulgadas por la Presidenta Bachelet el lunes.
En el encuentro, Santamaría le pidió al titular del Interior que coordine con Carabineros el retiro de la propaganda electoral municipal que -según le relató en la cita- existiría en algunas comunas, lo que vulnera el plazo estipulado en la ley: desde 30 días antes de la elección hasta 3 días previos a los comicios.
Por ejemplo, en el caso de la elección primaria para las municipales de octubre de este año, se pueden publicitar las candidaturas desde el 20 de mayo al 16 de junio.
El Servel, además, se reunirá el lunes con la Asociación de Municipalidades para abordar este tema, que podría implicar sanciones de Contraloría: las personas y partidos que infrinjan la ley tendrán que reembolsar a los municipios los gastos en que incurran en el retiro del material; y se valorizará con el doble del precio normal la propaganda retirada, incluyendo ese monto como gasto electoral ya realizado.
La gestión se enmarca en el trabajo anunciado ayer por el Servel, que difundió en su página web el detalle con el límite de gasto electoral permitido para los comicios de octubre (ver infografía), junto con los requisitos para las declaraciones de patrimonio e intereses, que, además de regir para las autoridades y funcionarios públicos, se extendió a los postulantes municipales, parlamentarios y presidenciales.
Asimismo, el organismo dio a conocer el “formulario único de ratificación de militancia” para que los partidos reinscriban a sus afiliados (ver primera imagen relacionada). Para esto tienen, a contar del jueves pasado, un plazo de 12 meses. Junto a ello, se dio a conocer el formulario de afiliación para quienes quieran ingresar por primera vez a una colectividad (ver segunda imagen).
En ambos casos, las fichas deberán ser completadas con el rut, nombre completo, dirección y partido al que desea afiliarse, lo que debe ser firmado por un ministro de fe. Éste será un funcionario del Servel elegido por la dirección del organismo.
Varios de los cambios fueron inicialmente resistidos por algunos sectores. Y una vez aprobados -con algunas modificaciones al diseño original- las colectividades comenzaron a manifestar inquietud por la factibilidad de poder aplicar todas las nuevas exigencias, algo que también le puso presión al gobierno para promulgar las leyes y, a su vez, al Servel para que diera a conocer los distintos instructivos.
Así, luego de la promulgación de las nuevas leyes -que surgieron a raíz de las investigaciones por presunto financiamiento irregular de campañas-, el Servel inició la elaboración de los documentos.
Declaraciones
Los formularios para las declaraciones de patrimonio e intereses incluyen detalles de los bienes inmuebles, vehículos, valores o instrumentos transables, derechos en empresas, comunidades o sociedades y pasivos (obligatorios en caso de que superen las 100 UTM).
Además, deben especificar si actúan como controladores o si son “influyentes decisivamente” en la administración o gestión de esas sociedades o empresas.
Los candidatos y precandidatos también deben entregar información del patrimonio de sus cónyuges en caso de que estén casados en régimen de sociedad conyugal.
Si la declaración presenta errores, se le informará al postulante por correo electrónico, y éste tendrá un plazo de 48 horas para corregirlo. Una vez que el Servel tenga las declaraciones, las enviará al SII y a la Unidad de Análisis financiero (UAF) de Hacienda.
Refichaje y aporte estatal
El refichaje es uno de los requisitos establecidos en la nueva Ley de Partidos, y es una condición para que las colectividades accedan al financiamiento estatal establecido en la Ley de Fortalecimiento de la Democracia, en la que se prohibió el aporte de empresas y las donaciones reservadas.
En concreto, el Estado desembolsará cerca de $6 mil millones anuales para financiar a los partidos. De ese monto, un 20% -unos $1.200 millones- corresponderá a un aporte basal, que se repartirá linealmente entre todos los partidos legalmente constituidos, independiente de su representación parlamentaria o de los votos logrados en la última elección. En todo caso, se considerará el número de regiones en las que la colectividad esté constituida.
Por ejemplo, un partido inscrito en tres regiones recibirá la mitad de los recursos que uno que esté constituido en seis.
El 80% restante -cerca de $4.800 millones- se distribuirá proporcionalmente entre las colectividades con representación parlamentaria, de acuerdo a los votos de la última elección de diputados.
Fuente> La Tercera.
