Contraloría exige a Intendente Flies cursar multas a concesionario de Zona Franca por incumplimientos en el contrato

Punta Arenas. 13 abril 2016. A las 15 horas de ayer, el Intendente Jorge Flies mantuvo una reunión con abogados del Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio del Interior, en lo que se estima puede ser el preámbulo de la toma de decisión oficial sobre el largo proceso de denuncias y fiscalizaciones por el incumplimiento del contrato de concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, a cargo de la empresa Sociedad Rentas Inmobiliarias (SRI) del holdind Fisher.

A la salida del encuentro, que se materializó en sala de reuniones de la Intendencia, Flies dijo que se explicó en detalle el avance de las áreas en que se ha solicitado negociar (Inversión, Reinversión y Pago de la Concesión).

Flies informó a los abogados sobre "los acercamientos y las distancias que tenemos en esta negociación que está llegando a su término y esperamos esta semana o la próxima, depende de cuando fijemos las reunión con Rentas Inmobiliarias, tener la última reunión".

"Hay otros elementos que no están en la negociación y que nosotros tenemos posturas absolutamente claras y que con mucha posibilidad lleguen a juicio", aseguró el Intendente.

Contraloría

Mediante el oficio 124.487 del 9 de febrero de 2016, la Contraloría General de la República exige al Intendente de Magallanes, Jorge Flies, tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al Plan de Inversiones de la Zona Franca de Punta Arenas y cursar las multas pertinentes por una importante cantidad de incumplimientos -denunciados en buena medida por Cámara Franca- en los que ha incurrido la Sociedad Rentas Inmobiliarias (SRI) empresa perteneciente al holding Fisher.

No obstante la decisión de la Fiscalía de no proseguir con la investigación por el delito del fraude al fisco, querella interpuesta por el gremio de usuarios de la Zona Franca, la Contraloría General, en este escrito, avala la denuncia realizada por Cámara Franca sobre el Acta Privada suscrita el 6 de septiembre de 2013 entre el ex Intendente Mauricio Peña y Lillo y SRI, en donde éste descarta el perjuicio para el Fisco derivado de la cesión de Concesión efectuada por SRI a su empresa espejo Rentas Pacífico Sur Ltda. (RPSUR). 

Al respecto, en el oficio del 9 de febrero de 2016, el Órgano Contralor insiste en “la improcedencia de que el concesionario SRI arrendara a RPSUR Ltda.” inmuebles que fueron posteriormente subarrendados “por lo que corresponde mantener lo observado, respecto al menoscabo fiscal por la suma de M$15.173.” 

Cabe recordar que Mauricio Peña y Lillo en la Comisión de Control y Seguimiento de Zona Franca del 4 de septiembre de 2013 – dos días antes que se firmar al Acta Privada – aseguró que existía un Perjuicio Fiscal que correspondería al 28% del monto establecido en el informe de la  auditora elaborada por Ernst & Young.

En el escrito, la Contraloría recuerda al Intendente que tiene la “obligación de arbitrar las medidas que resulten pertinentes a fin de dar cumplimiento al plan de inversión pendiente y de las obras que se encuentran en ejecución, así como de hacer efectivas las multas calculadas ascendentes a 57.900 unidades de fomento, UF, por atrasos en la entrega de las obras comprometidas.”

Otro caso de subarriendo objetado por la Contraloría es el que concretó SRI con la empresa Distribuidora de Logística Magallanes (DLM) en el lote 20 de la manzana 14 de la Zona Franca de Punta Arenas, el que fue arrendado a Abu-Gosh Ltda. a la que DLM cobró “rentas de subarrendamiento por USD10.800 mensuales desde el mes de agosto de 2010 y hasta el mes de julio de 2013, siendo por tanto parte de los antecedentes remitidos al Consejo de Defensa del Estado.” En este caso el órgano contralor acusa que SRI “subcontrató a la empresa DLM, en lugar de haber pactado directamente las tarifas con la empresa que ocupó las instalaciones.”

Al mismo tiempo que se reiteran y reafirmar observaciones realizadas anteriormente por la Contraloría, en el escrito se señala que la Intendencia de Magallanes debe “continuar con las gestiones pendientes para hacer efectivas las multas que procedan, así como persistir en las gestiones ante el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, lo que será comprobado en una futura auditoría.”