Punta Arenas. 19 marzo 2016. Su beneplácito con la aprobación otorgada r por la Sala de la Cámara de Diputados al Proyecto de Ley sobre despenalización del aborto en tres causales: riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto, expresó el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Pablo Bussenius, a más de un año de iniciarse su tramitación.
Destacó que con ello la iniciativa quedó lista para despacharse en su primer trámite constitucional, luego de pasar en la última semana por las comisiones de Constitución y de Hacienda, y la Sala de la Cámara Baja.
Asimismo, manifestó que su implementación considera una inversión de 3.000 millones de pesos en su primer año, para luego disminuir al año siguiente a 2.300 millones de pesos, al contemplar entre sus gastos un "programa de acompañamiento" a las pacientes que se sometan a la interrupción del embarazo.
El personero dejó entrever en que el aborto es una realidad que no podemos seguir desconociendo como país, de allí que como gobierno se ha llegado al convencimiento de la necesidad de debatir y legislar al respecto. “El marco jurídico existente hasta ahora, no sólo no cumple sus objetivos, sino que además avala prácticas inseguras, que atentan contra la vida y la salud de las mujeres, especialmente contra las más pobres”, subrayó.
La iniciativa contempla la consagración de las tres causales como una legítima prestación de salud, exigiéndose la expresión de la voluntad libre de la paciente ante el médico tratante, que debe ser expresa, previa y escrita, y sin la cual no puede tener lugar la intervención. Asimismo, el prestador debe entregar información objetiva a la mujer sobre los efectos de interrumpir el embarazo y las alternativas a dicha interrupción.
Además, regula la “objeción de conciencia” de los médicos que no quieran ejercer el aborto, en forma individual, previa y por escrito, sin poder excusarse cuando la interrupción se hace necesaria de forma inmediata e impostergable. Las instituciones de salud, públicas y privadas, no pueden hacer la objeción de conciencia como tales. En caso de violación, requiere del informe de un equipo de salud, estableciéndose, además, un plazo máximo para practicar la interrupción del embarazo de 12 semanas de gestación, las cuales se extienden a 14 en el caso de menores de 14 años.
A propósito de este proyecto, la Presidenta Bachelet señaló hace poco que cada año en Chile se hospitalizan, en promedio, 16.510 mujeres con embarazos de menos de 22 semanas relacionados con el peligro de vida y cuando el embrión o feto presenta alteraciones estructurales congénitas o genéticas graves incompatibles con la vida extra uterina. De ese total aproximado, “la estimación del número de muertes en nuestro país por malformaciones incompatibles con la vida sería de alrededor de 500 casos al año”.
Finalmente, Bussenius recordó que entre 1931 y 1989 el ordenamiento jurídico chileno contemplaba la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo, aspecto hoy penalizado tanto para la madre como para el médico. Tal prohibición absoluta ha dado lugar a que la Organización de Naciones Unidas haya hecho numerosas recomendaciones al Estado de Chile, al considerarla una violación al derecho a la vida y el derecho a la integridad física y síquica de las mujeres.
