Santiago. 9 febrero 2016. Hasta la Contraloría llegaron esta mañana el diputado de RN Nicolás Monckeberg y el prosecretario de la UDI, Jorge Alessandri, para concretar la denuncia para impugnar la realización del documental sobre Michelle Bachelet.
En el texto se pide a Contraloría determinar si los $40 millones destinados al registro son "un gasto de publicidad encubierto", y se cuestiona "la procedencia de contratar por trato directo su realización, privando la concurrencia de otras ofertas, en directo beneficio de una ex colaboradora de su campaña presidencial", la cineasta Tatiana Gaviola.
“Hemos estimado conveniente y necesario presentar este requerimiento. Le pedimos que declare ilegal el contrato en que en forma inédita se asigna un contrato millonario a quien era una funcionaria de la Presidencia hasta el 31 dic del 2015 (…) Este contrato es completamente al margen de la ley y no corresponde, y le hemos pedido al contralor que lo objete y lo declare ilegal, por razones de forma y de fondo”, señaló Monckeberg.
“Lamentablemente Riquelme y la Presidencia nos están acostumbrando a asignarle a dedo a proveedores de la campaña presidencial este tipo de tratos. Esto afecta seriamente la trasparencia que requiere el país”, acotó el diputado.
En este sentido, expresó que “el gobierno está faltando a la verdad cuando dicen que buscan resguardar imagines históricas, porque hoy y como ha sido en todos los gobiernos, existe una unidad de memoria historia… esto es algo distinto e inédito (…) Es publicidad encubierta, tienen todo el derecho a hacerlo pero no con fondos públicos”.
“Nadie discute el talento de Tatiana Gaviola en el área documental, por lo mismo habría ganado un concurso público. Más allá de lo personal no es correcto ni legal que se haya asignado a dedo el contrato a quien entonces era funcionaria de gobierno”, añadió el diputado de RN.
En esta línea, enfatizó en la diferencia que existe entre los libros que realizó el gobierno se Sebastián Piñera al final de su mandato, y el documental de Bachelet.
“Las situaciones son completamente distintas, y el gobierno cuando intenta empatarlas está faltando a la verdad. La Ley obliga a hacer cuantas públicas del mandato de los presidentes. Eso no tiene nada que ver con un material publicitario. Una cosa es rendición de cuentas que se realiza a final del periodo, y otra cosa es hacer un documental a mitad del periodo con imágenes que ya existen”, aseveró.
Cabe destacar que ayer el gobierno descartó que el proyecto tenga fines publicitarios y afirmó que se trata de un “ejercicio de archivo”. Asimismo, aseguró que la contratación de Gaviola se apareja a la ley.
En tanto, el diputado de la UDI Felipe Ward envió ayer un oficio de fiscalización al ente contralor. En el documento se denuncian posibles "incumplimientos del reglamento de la Ley de Compras Públicas" y vulneraciones a anteriores pronunciamientos de la Contraloría.
Fuente: La Tercera.
