AGRUPACIÓN DE DAMNIFICADOS POR ALUVIÓN CRITICA LENTITUD DE AYUDA GUBERNAMENTAL

Punta Arenas. 12 junio 2012. Una vez conocida la resolución de Contraloría que inhabilita al Ministerio de Obras Públicas, MOP, para la construción de puentes en las ciudades, se desvanece la promesa del ministro de esa cartera Laurence Golborne de invertir $14 mil millones para la demolición y reemplazo de los cuatro puentes que cruzan el río Las Minas, Agrupación de Ciudadanos Damnificados Aluvión (ACD) salió a criticar el accionar del Gobierno por su lentitud y falta de consistencia.

Mediante una declaración pública, la ACD declaró que:

1.-  Hay  vecinas y vecinos que aún esperan las ayudas largamente anunciadas tanto para reconstruir los hogares como para recuperar en parte los enseres perdidos. Agravándose la situación toda vez que el invierno se anuncia riguroso en forma temprana.

2.- Es particularmente seria la situación de quienes viven en las calles Ernesto Hobbs, Mario Toledo Viola y todas las intersecciones que en el sector afectado de las calles que derivan en Avenida Costanera, dada las pésimas condiciones y presencia de abundante barro.

3.- Aún esperamos por el destape de los sumideros de aguas lluvias, el arreglo de los tablestacados. Constatamos asimismo el pésimo estado de veredas y la presencia de barro en puntos específicos que dificultan aun más la vida diaria de quienes habitamos en el sector.

4.- Todo lo anterior se suma a las dificultades que a diario nos comparten vecinas y vecinos respecto del comportamiento de las compañías aseguradoras que en muchos casos aún se encuentran tramitando los pagos correspondientes a quienes contrataron sus servicios.

5.- Como Agrupación además alertamos que muchas de las ayudas entregadas por parte de Sercotec va  a significar un problema mayor para quienes las hayan recibido, toda vez que muchos se han visto en la obligación de utilizar esa ayuda para sobrevivir.

6.- Es de público conocimiento la demora en el reemplazo del puente de calle Magallanes por un tecnicismo que no es de incumbencia de los habitantes de la ciudad, sino más bien el exigir que la obra pública imprescindible para garantizar el debido resguardo de vidas y bienes de los ciudadanos  efectivamente se concrete.

Con todo lo declarado no nos queda más que dejar a la opinión pública saque sus conclusiones mientras esperamos que las autoridades competentes se hagan cargo de lo que lleva implícito el ejercicio de sus cargos. Esto es trabajar por el bien común y el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos de Magallanes.»