CONTRALORÍA SOBRESEYÓ A EX INTENDENTES EN EL CASO UNIVERSIDAD DE LA VIDA. ADEMÁS EXIMIÓ DE RESPONSABILIDADES A SERCOTEC REGIONAL

Punta Arenas, 15 julio 2010. El sumario que Contraloría Regional instruyó sobre el programa Universidad de la Vida, que benefició a los ex cotizantes de la Caja de Empleados Particulares, llegó a su etapa final.

Según consta en la resolución del sumario, La contralora Carmen González Mundaca resolvió sobreseer  a los ex intendentes Eugenia Mancilla Macias y Mario Maturana Jaman y a los ex seremis Claudio Faúndez y Eduardo Barros. La razón radica en  que estas ex autoridades no se encontraban cumpliendo estas funciones cuando se inició la investigación.

Además, desligó de responsabilidades al ex seremi de Hacienda, Rodrigo Aicón, y al abogado Rodrigo Loaiza.  Por tanto, no se registraron antecedentes de responsabilidades.

En tanto, a Sercotec  regional y a su directora Iris Vásquez no le caben responsabilidades, ya que se trata de una institución de derecho privado. Además, se indica que a nivel regional sólo les correspondió ejecutar un proyecto y no tuvieron relación con la decisión que creó este programa.

La Universidad de la Vida se denominó al programa que ejecutó Sercotec y que benefició a más de mil jubilados y ex cotizantes de la Caja de Empleados Particulares.

Esto como respuesta  a una petición hecha por el senador Carlos Bianchi, quien garantizó su voto a favor de la ley de financiamiento del Transantiago a cambio del pago de la deuda que el Estado mantiene con los jubilados que impusieron un 4% extra en los años 70 y 80 . Dineros que se perdieron al cambiar el sistema provisional.

Para dar cumplimiento a la petición del senador, el ex gobierno de Michelle Bachelet ideó el programa Universidad de la  Vida, mediante el cual los abuelos eran capacitados para la ejecución de un emprendimiento o una idea de emprendimiento y se les entregó 2 millones de pesos para su puesta en marcha.  

Sercotec Regional fue la entidad encargada de la ejecución del programa. En este punto, Contraloría no objetó nada y mucho menos en la rendición de cuentas.

Una vez que todos los beneficiados recibieron la capacitación y  el dinero, el mismo senador Bianchi objetó la modalidad de entrega de este beneficio. Sin embargo, al cabo de la investigación la misma Contraloría determinó que no hay irregularidades en la ejecución y que las responsabilidades tienen relación con la decisión de crear este instrumento.