Intendentes deberán aplicar política nacional de seguridad

Punta Arenas. 29 mayo 2010. Hoy finalizó el Primer Encuentro Nacional de Intendentes, cita en que las máximas autoridades del país analizaron, en diversas mesas de trabajo- que se iniciaron el viernes- la marcha del pais, junto a la totalidad de los ministros y al propio Presidente Sebastian Piñera.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla explicó que a los intendentes les corresponderá implementar las acciones y medidas necesarias para llevar a cabo la política nacional de seguridad pública, adaptándola de acuerdo a las realidades regionales, provinciales y locales. En ese sentido, instruyó a las autoridades regionales para que articulen sus respectivos comités policiales.

La Intendenta Liliana Kusanovic, señaló que, “esta es una herramienta relevante para trabajar en acciones concretas que permitan, no sólo mejorar la sensación de seguridad ciudadana, si no que vivir, efectivamente, en la ciudad que todos queremos, donde nuestros hijos puedan volver a jugar en sus barrios, donde los padres tengan la tranquilidad de volver a sus hogares sin el temor de ser asaltados o violentados. Queremos que nuestra región de Magallanes recupere la seguridad de antaño, la que lamentablemente se ha ido perdiendo”.

Indicadores de evaluación

Ubilla además señaló que la ejecución del gasto no será el único indicador para medir la marcha de la región, ya que más importante que ello, es la efectividad de la inversión.
Habló además de la importancia de que Plan de Desarrollo Regional de cara a los próximos cuatro años, tenga un correlato exacto en la cartera de proyectos y de la necesidad que el equilibrio en la inversión al interior de cada región sea una prioridad.
En el ámbito presupuestario y de dotación de personal, el subsecretario del Interior explicó que se implementarán centros de costo para intendencias y gobernaciones y se generarán indicadores de gestión, procesos, eficiencia y resultados.

Al respecto la intendenta dijo que durante su gestión se aplicará el máximo de rigurosidad para el control, desarrollo y evaluación de este nuevo plan de orden público. Agregó que, “nuestro deber es velar por un trabajo responsable, donde la efectividad no deje espacio a dudas ni malas prácticas”