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Suprema condena al mayor número de exagentes por las últimas víctimas de la dictadura

Suprema condena al mayor número de exagentes por las últimas víctimas de la dictadura

Santiago. 22 marzo 2017.  La Corte Suprema dictó este miércoles la condena contra el mayor número de exagentes de la CNI y del Batallón de Inteligencia del Ejército, por el delito de secuestro calificado.
 
Se trata de 33 exagentes de los organismos de represión de Augusto Pinochet, que fueron condenados por la Sala Penal del máximo tribunal del país por los últimos casos de violación de Derechos Humanos registrados durante el régimen militar.
 
Los casos corresponden a los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurridos a partir del 1 de septiembre de 1987.
 
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió un recurso de casación en contra de la sentencia original de la Corte de Apelaciones de Santiago, modificando este fallo de segunda instancia.
 
Las máximas penas fueron para el exjefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, y al exdirector del organismo, Hugo Salas Wenzel, quienes deberán cumplir 15 años de presidio.
 
Además en la sentencia se registran otros 21 exagentes con penas de 10 años de cárcel para cada uno por secuestro calificado, 9 a cinco años y un día de presidio y un exuniformado a tres años y un día como cómplice.
 
La investigación del ministro en visita Mario Carroza determinó que las 5 víctimas fueron secuestradas por los agentes de Estado en represalia por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño.
 
Los cinco detenidos desaparecieron tras un operativo conjunto entre la CNI, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y el Comando de Aviación del Ejército, y su restos arrojados al mar en las costa de Quintay.
 
En el aspecto civil, se confirmaron las demandas de indemnización para las familias de las víctimas, por un total de 380 millones de pesos que deberá pagar el Fisco.
 
Esta decisión de la justicia va a provocar un grave problema en el penal Punta Peuco, debido a que el recinto penitenciario -destinado exclusivamente a los condenados por delitos de lesa humanidad durante el régimen militar- está con su capacidad completa.
 
Esta situación deberá ser resuelta por el ministro Mario Carroza, quien debe decretar el cúmplase de la condena por las últimas 5 víctimas de la dictadura cívico-militar.
 
Fuente: biobiochile.cl
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