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Resolución del Tribunal Constitucional y el “jaque” a la Ley de Inclusión Escolar

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Resolución del Tribunal Constitucional y el “jaque” a la Ley de Inclusión Escolar

Resolución del Tribunal Constitucional y el “jaque” a la Ley de Inclusión Escolar

(Por Dr. Mario Garay Aguilar, Director Departamento de Educación y Humanidades, Umag) A partir del 2016, se implementaron una serie de modificaciones a la forma en cómo se postula y accede a establecimientos financiados por el Estado. Se trata de la Ley 20.845 (conocida como Ley de Inclusión Escolar), que tiene como objetivo, disminuir la segregación social en la matrícula escolar. Para esto, se diseñó un nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE), que funciona como un sistema de asignación. A través de una plataforma web los apoderados colocan sus preferencias jerarquizadas y luego estas serán compatibilizadas con las vacantes de los establecimientos para poder asignar de la forma más eficiente posible la matrícula. Lo más polémico de este sistema, ocurre cuando hay más demanda que cupos en una escuela, pues ahí se aplica aleatoriedad para otorgar idéntica opción de quedar o no.

Las primeras evaluaciones son positivas, indican que más o menos la mitad de los postulantes queda en su primera preferencia y un 75%, queda en una de las tres primeras. Sin embargo, no hay que desconocer que la implementación del SAE ha generado muchas dudas y tensiones. Por un lado, los apoderados sienten ansiedad porque ingresar en un establecimiento determinado ya “no depende de ellos”. Profesores y directivos, por su parte, ahora perciben que arriban estudiantes sin haberles escogido y por ello, con bajo compromiso. Sin embargo, ambos fenómenos, son parte de un problema previo al SAE. La oferta pública que se considera de calidad, es reducida y segregada; por tanto, tiene una alta concentración de demanda en pocos establecimientos.

En ese contexto, un colegio particular subvencionado de Concepción apoyado por el abogado Patricio Zapata, ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional que luego fue acogido, en donde se acusaba al SAE de vulnerar las libertades de enseñanza y elección. Con ello buscan que la transición del “playgroup” del establecimiento al prekinder del establecimiento sea sin pasar por el SAE. En la práctica el TC estaría validando que los alumnos de playgroup pueden saltarse el SAE y con ello la ley de Inclusión Escolar. Por consiguiente, validaría nuevamente la selección de estudiantes.
El fallo del TC va a contrapelo de lo avanzado y vuelve abrir un debate inconcluso. ¿Cómo regenerar el tejido dañado de la educación pública y responder a las expectativas de las familias chilenas?

¿Cómo conformar una oferta de calidad, asegurando que hay colegios deseables a todos los estudiantes?

El SAE ha generado un entorno útil, justo y eficiente para poder dar un primer paso. Es un mecanismo además, que está sintonizado con la evidencia y la experiencia internacional, que recomienda eliminar prácticas discriminatorias e incentivar medidas que reduzcan la segregación social asociada a la elección de escuela. Pero el SAE por sí solo es insuficiente y para fortalecer la totalidad de la oferta pública, se requiere poner en marcha una multiplicidad de políticas públicas que involucren más inversión, incrementar infraestructura, autonomía para directivos y sostenedores, mejorar la formación inicial docente y la calidad del empleo para profesores, entre muchas otras. Tareas pendientes para avanzar hacia una educación de calidad.

Esperamos que con el proceso constituyente abierto, se generen los espacios para rediscutir el rol que tiene un sistema educacional, con prioridad en lo público y que garantice, realmente, un sistema más inclusivo y con igualdad de oportunidades en cuanto a calidad para todos los chilenos y chilenas.

 

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