Connect with us
Lunes 14 de Junio de 2021
Dolar: $722,56
Valor UF: $29.662,41
Euro: $875,69

Diálogo Sur | Noticias & Opinión

Nueva Unidad de Defensa Especializada en Cannabis de la Defensoría Penal Pública

Noticias

Nueva Unidad de Defensa Especializada en Cannabis de la Defensoría Penal Pública

Nueva Unidad de Defensa Especializada en Cannabis de la Defensoría Penal Pública

Santiago. 7 mayo 2021.  El Nuevo Conversatorio de Fundación Daya «La Voz de las Víctimas de la Ley 20.000: Hacia la Construcción de un Camino de Justicia y Reparación», emitido anoche por redes sociales, reunió a pacientes vulnerados en sus derechos con el abogado Claudio Fierro, Jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública.

El Defensor Público es reconocido internacionalmente por la valiosa jurisprudencia que ha generado en la defensa y protección de los DDHH.

El creador de lo que se conoce como “Botánica Jurídica”, para abordar las especificidades de la defensa de usuarios de cannabis, aseguró que el tema, dentro de la perspectiva de la Defensoría Penal Pública, es el ejercicio de derechos constitucionales.

“Estamos frente a personas absolutamente alejadas de la criminalidad común, que están haciendo el ejercicio de una opción legítima, y son criminalizadas.

Ese es el problema que tenemos hoy día y necesitamos de la voluntad del legislador para que esto pueda ser subsanado a partir de un contexto legal que sea claro y preciso.

También es importante que en la Nueva Constitución este consagrado el Derecho a la Salud”, dijo Claudio Fierro.

Con la moderación de Paulina Bobadilla, presidenta y fundadora de Mamá Cultiva y candidata a la alcaldía de Quilicura, junto a Ana María Gazmuri, Directora Ejecutiva de Fundación Daya, los pacientes invitados contaron sus estremecedores relatos; dos de ellos ya han llegado hasta el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, organismo que ha presentado querellas en su nombre por las humillaciones y vejaciones sufridas durante el proceso.

Es el caso de Camila Barra, joven madre de 27 años de edad, paciente de Daya Chillán desde hace tres años por un diagnóstico psiquiátrico.

En febrero de este año llegó la PDI hasta su casa que comparte con su mamá e hijo, diciendo que tenían una denuncia anónima de vecinos por tener plantas de cannabis.

Fue allanada y detenida, en el cuartel policial sufrió una crisis y la llevaron esposada hasta el Hospital Regional, donde permaneció incomunicada y engrillada a la camilla hasta el día siguiente donde pasó a control de detención.

“Me cambió la vida el cannabis, pude seguir estudiando, haciendo mi vida normal, dormir bien, los fármacos me dejaban lenta, no podía concentrarme en la universidad o conectada al trabajo.

Puedo hacer todo lo que tengo que hacer, hasta manejar, antes no conducía ni andaba en bicicleta porque con los medicamentos psiquiátricos estaba adormecida”, cuenta Camila. Todo iba bien hasta que la PDI irrumpió en su hogar.

“Me sentí engañada, me dijeron que los tenía que acompañar al cuartel para hacer unos trámites, una vez que me subí al auto policial me esposaron y dijeron que estaba detenida.

Me empujaron cuando me bajaron, me esposaron a una banca, me dijeron que era una traficante, que no tenía permiso del SAG, Servicio Agrícola y Ganadero, que iban a volver a la casa a buscar más pruebas… yo les decía que era paciente psiquiátrica, que tenía mis diagnósticos, mi receta de Fundación Daya.

Colapsé en el cuartel y me llevaron al hospital, pasé la noche esposada a la camilla, drogada con los medicamentos que me inyectaron para calmarme.

Al otro día seguía tan dopada que no recuerdo lo que pasó en el control de detención”, agrega la joven de Chillán.

Su caso es el segundo en la historia del país donde interviene el INDH por atropellos y tratos vejatorios.

El organismo presentó también una tercera querella en abril de este año, esta vez en Magallanes, por el caso de Vivian Strauss (61), su hijo y su hermano, gravemente vulnerados por Carabineros de Puerto Natales.

La familia ha sufrido tres allanamientos desde abril del 2020, el más reciente fue el mes pasado. La pesadilla comenzó tras un incendio en su casa, donde Bomberos avistó un kit de cultivo en interior y avisó a Carabineros. Detuvieron a toda la familia sin considerar el shock que estaban viviendo con el incendio de su vivienda.

Desde ese momento han sufrido hostigamientos, nuevos allanamientos y detenciones en manos de Carabineros. Los procedimientos han sido particularmente violentos, han sufrido serias vejaciones perpetradas por los policías.

La abogada del INDH, Marlys Saldivia, presentó la semana pasada una denuncia en Fiscalía contra los funcionarios de Carabineros y quienes resulten responsables.

“Era de madrugada, nos detuvieron a todos, estábamos mojados, apenas pudimos ponernos zapatos y no nos dejaron buscar mascarillas para ponernos, tampoco nos pasaron después.

Tuvimos que dormir en el piso del calabozo, estaba orinado, tuve un rush alérgico, la ultima vez estuve 6 días hospitalizada por eso porque no puedo respirar.

Me llevaron al hospital pero el médico no me dio nada porque pensó que era una traficante. Me devolvieron al carro policial y me pusieron atrás.

Yo les dije que soy claustrofóbica, que por favor me llevara adelante pero me empujó y me metió.

Me senté en el piso, esposada, cerré los ojos y traté de pensar que no estaba ahí, encerrada, me angustié mucho», cuenta la paciente.

Del recinto asistencial la llevaron a su casa para buscar sus medicamentos. Estaba todo revuelto, en el piso tras el allanamiento, a causa del incendio no había luz, así que a oscuras y esposada trataba de encontrar sus remedios.

“El carabinero me empujaba y en un empujón me caí contra la pared, ‘deje de empujarme, tengo osteoporosis, si me bota me voy a quebrar entera’, le decía.

Él me respondió ‘tienes que pagar por lo que hiciste, desgraciada’. Mis remedios estaban tirados, yo tenía las muñecas heridas, apenas podía recogerlos”.

En ese momento del relato, intervino la fundadora de Daya: “No podemos naturalizar lo que estamos escuchando.

Una persona adulta, enferma, con estas graves condiciones, tratada de esta manera, se le niega tratamiento en el hospital, se la pone en un carro policial esposada, esto no puede pasar en Chile, no puede seguir ocurriendo».

DEFENSA ESPECIALIZADA EN CANNABIS

“Hemos tratado de instaurar una Defensa especializada de Cannabis, para este segmento especial de la población que no comete delito, pero necesita una defensa especializada, esta Botánica Jurídica, este concepto que yo he acuñado, es porque tenemos que estar explicándole a los jueces a cada rato de qué se trata esto, a los fiscales y a otros defensores”, dice el abogado Claudio Fierro, ya llevan dos meses trabajando en esta iniciativa junto a un equipo de defensores.

Se sumaron con sus testimonios dos pacientes de la Región Metropolitana que fueron allanados, sus plantas incautadas y finalmente puestos en libertad a las horas de ser detenidos, sin procesos judiciales abiertos.

En Colina, Juan Armando Soto, joven de 26 años de la comuna de Colina, RM, diagnosticado con epilepsia.

Fue allanado por Carabineros, quienes entraron con prepotencia, se llevaron las plantas y lo que tenía en proceso de secado.

Lo detuvieron y trasladaron a la Comisaría, sin tomar en cuenta su diagnóstico y receta médica.

Se burlaron de él durante todo el proceso y lo amenazaron con quedar detenido todo el fin de semana en el calabozo.

Finalmente lo soltaron cinco horas más tarde. Juan quedó sin el tratamiento que lo tiene, desde hace cinco años, sin crisis epilépticas.

“Desde el 2018 que no tengo una crisis epiléptica, mi familia y amigos han sido conscientes de las mejoras que he tenido con el tratamiento con cannabis.

Hasta que un día me despertó un grupo de Carabineros, sin orden, preguntando por las plantas, los dejé pasar porque no estaba haciendo nada malo, les mostré mis antecedentes médicos, pero me llevaron detenido igual, con todos mis vecinos mirando, cerraron el pasaje, con autos, camionetas, motos como si fuera el gran operativo antidrogas”, cuenta Juan.

“Yo tenía una rabia profunda, impotencia, se reían mientras les decía ‘me están quitando mis remedios, es como si a un diabético le quitaran su medicina’, yo me hago mi aceite, vaporizo.

Cómo estas personas pueden ser tan poco empáticas. Estuve en el calabozo y después me dijeron ‘Ándate si no quieres quedarte acá’. No me devolvieron las plantas ni nada, nunca más supe de mi caso”, recuerda el joven de Colina.

Algo similar vivió Natalia Miranda de la comuna de Quinta Normal, quien sufre de Fibromialgia e Hiperlaxitud ligamentosa (aumento exagerado de la movilidad de las articulaciones).

Fue allanada en octubre del año pasado. Natalia se vio obligada a llamar a carabineros ya que su hermano menor, quien padece problemas de consumo problemático de clonazepam, la estaba amenazando; al llegar los funcionarios, el hermano acusó a Natalia de tener plantas de cannabis.

La detuvieron y trasladaron a la 22 Comisaría, donde sufrió crisis convulsivas y de dolor. En esta ocasión, los efectivos de Carabineros la ayudaron a controlar su crisis, consiguiéndole incluso cannabis para fumar, siendo después dejada en libertad.

“Mi hermano era adicto al clonazepam y en ese estado hizo esta denuncia. Yo tenía todos mis papeles médicos, mi receta médica, mis plantas rotuladas en mi indoor.

Tenía todo preparado en caso de cualquier cosa. Pero al fiscal se le ocurrió que me llevaran con las plantas.

Uno de los carabineros entendía pero me decía que no podía hacer nada, que tenía que cumplir la orden del fiscal o lo podían dar de baja.

Mis hijas se aferraban a las piernas de los carabineros para que no nos llevaran detenidos a mí y mi esposo”, relata Natalia, aún muy afectada.

Una vez en el calabozo, uno de los policías le dijo “el fiscal dijo que les darán 15 años y un día”; en ese momento se quebró, pensó en quitarse la vida en la celda frente a la perspectiva de estar ese tiempo lejos de sus hijas.

“Empecé a llorar muy fuerte, se me salieron las caderas y las rodillas, empecé a convulsionar”, cuenta.

Los policías la vieron tan mal que le preguntaron qué necesitaba para recuperarse, ella dijo «marihuana», los carabineros consiguieron un poco, le pasaron para fumar y las convulsiones se detuvieron.

“A mi la marihuana me hace ser una persona normal, puedo levantarme en la mañana, hacer mis cosas, atender a mis hijas, sin la marihuana no valgo nada”.

En la mayoría de los casos los detectives y carabineros exigen el permiso de cultivo del SAG para justiciar los allanamientos, algo que no corresponde.

«Se usa en todos los allanamientos, es una falacia, el Estado exige un documento que el estado no entrega», agregó Ana María Gazmuri.

Quien emplazó también al Colegio Médico para que recapacite en su postura y apoye la Ley Cultivo Seguro, porque lo contrario es estar de acuerdo con que los pacientes sean encarcelados.

“Emplazamos al Colegio Médico a corregir su argumentación. El informe de esta entidad presentado durante la discusión de la Ley, parte diciendo que la ley no es necesaria porque el consumo en Chile está permitido y quienes se van detenidos son los traficantes y no los consumidores… bueno, vemos que esto es mentira. Incluso nos hemos encontrado en audiencias donde los fiscales usan este argumento del Colegio Médico en contra de nuestros pacientes. Decisiones como estas inciden en la criminalización y persecución de los usuarios”, dijo Gazmuri.

Paulina Bobadilla, por su parte, celebró que cada día más usuarios y pacientes pierdan el miedo y alcen la voz por sus derechos.

“No nos amedrentan los allanamientos, somos miles y agradezco que hoy los usuarios estemos unidos y demos la cara.

Ya no somos un par de madres, somos toda una sociedad que ha sido abandonada por el Estado de Chile.

Le exigimos al Senado que pongan en tabla la Ley Cultivo Seguro, que voten esta ley. Estos casos de hoy, me estremecieron profundamente”, cerró.

Continue Reading
Advertisement

 

 

Facebook

Lo + Visto

To Top