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Los últimos nombramientos judiciales de Piñera

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Los últimos nombramientos judiciales de Piñera

Los últimos nombramientos judiciales de Piñera

Santiago. 21 marzo 2021. En la elección de los integrantes de la Corte Suprema intervienen los tres poderes del Estado, y se movilizan políticos, jueces y abogados en una soterrada batalla de poder. Este año, las negociaciones requieren aún más destreza, ya que en este estos últimos meses de mandato presidencial se podrían generar hasta cinco cupos en el máximo tribunal.

En este periodo, tanto el Ejecutivo como la misma Corte y el Senado deberán ponerse de acuerdo para los reemplazos de los exministros Carlos Aranguiz, María Eugenia Sandoval y Carlos Künsemüller, así como también para Rosa María Maggi, quien culmina su periodo en septiembre próximo.

Y si la ministra Rosa Egnem decide adelantar su salida del cargo -que recae justo el 11 de marzo 2022-, se transformaría en el quinto nombramiento en la Corte bajo el mandato de Piñera.

El proceso de nombramiento es así: los interesados postulan ante la Corte Suprema -cuya vocera es hoy Ana Gloria Chevesich-, instancia donde se selecciona una lista de cinco integrantes, luego el presidente elige a uno de los nombres y el Senado lo ratifica o no. En virtud de un acuerdo tácito ya instalado como tradición, el espectro político organiza las negociaciones eligiendo, sucesivamente, uno por cada sector.

Los 21 ministros de la Suprema, además, se dividen en dos: en cupos provenientes de la carrera judicial, cuyas postulaciones salen de las distintas Cortes de Apelaciones del país; y en cupos desde el mundo judicial externo, desde cualquier rincón del ejercicio del derecho.

Así, a los varios nombramientos de este año, se suma otra extravagancia: en los próximos días se abrirá concurso para dos cupos externos, que se avizora como una batalla política.

El presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, quien está a cargo de las negociaciones por parte del Senado, dice: “Sin duda el foco de mayor conflicto va a ser el nombramiento de los abogados para ministros externos”.

Desde el Ejecutivo explican que la idea es juntar la negociación de los dos nombramientos externos, para que sean ratificados juntos por el Senado. ¿La razón? Que los acuerdos se cumplan en un mismo pack. En el Senado piensan igual y así se lo manifestaron a la Corte en enero pasado.

“La segunda administración de Piñera yo creo que toma una decisión muy clara de cómo poner ojo en el Poder Judicial y particularmente en el sistema de nombramientos.

Creo que hay una planificación completamente calendarizada. Y creo que la derecha entendió que no va a cambiar el criterio de los jueces, pero una manera de influir es logrando incidencia en jueces que tengan una interpretación más afín”, dice el abogado Luis Cordero.

Cuando el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, cometió el exabrupto de decir ante militantes UDI que su idea era “netear” lo que a su juicio era una mayoría de “jueces de izquierda” en los tribunales, su comentario hace sentido ahora luego de que su administración batirá un récord de nombramientos supremos: van 6, faltan 4 y si se adelanta Egnem se completarían 11.

Y cada nombramiento genera otros: jueces de las Cortes de Apelaciones y distintos tribunales.

Además, desde distintas instancias se ha hecho el reparo de que, en los últimos años, se han elegido jueces jóvenes que terminan instalados en sus cargos por largos períodos.

Para el profesor y abogado experto en Derecho Administrativo, Luis Cordero, el gobierno de Piñera tenía un plan de nombramientos: “La segunda administración de Piñera yo creo que toma una decisión muy clara de cómo poner ojo en el Poder Judicial y particularmente en el sistema de nombramientos.

Creo que hay una planificación completamente calendarizada. Y creo que la derecha entendió que no va a cambiar el criterio de los jueces, pero una manera de influir es logrando incidencia en jueces que tengan una interpretación más afín”.

El reemplazo de Clara Szczaranski

Integrar el Consejo de Defensa del Estado (CDE) es uno de los cargos más apetecidos por el mundo político y judicial, no sólo por la injerencia que posee el organismo sobre casos que podrían afectar a políticos -desde allí emanan querellas por delitos de fraude al fisco o malversación de fondos públicos- sino además porque es un cargo que dura hasta que cada consejero cumple los 75 años de edad. Cargos, entonces, muy apetecidos.

Clara Szczaranski, consejera del CDE desde 1994, el 6 de enero próximo cumple el requisito de edad que establece la Ley Orgánica del consejo para cesar sus funciones en el organismo.

La designación de su reemplazo es a dedo: Sebastián Piñera posee la facultad para nombrar a un nuevo consejero hasta el fin de su mandato, el 11 de marzo de 2022.

Y pese a que en esa fecha habrá un nuevo presidente ya elegido, lo sucedido en su primer gobierno -cuando el 6 de marzo de 2014, a sólo días de finalizar su periodo, designó como consejero al actual presidente CDE, Juan Antonio Peribonio-, indica ahora que no dejará pasar la oportunidad de llenar el cupo.

Sin embargo, fuentes ligadas a este tipo de nombramientos explican que también dependerá de quien sea electo en las presidenciales, “si alguien de Chile Vamos o de la izquierda”, comentan.

La polémica llegada del exsenador Alberto Espina al CDE, cuyo nombramiento motivó una carta de parte de la asociación de funcionarios del Consejo criticando la decisión, podría ser una señal de que Piñera optaría otra vez por una figura política de su sector y su confianza para suceder a Szczaranski. Así se asume al interior del gobierno.

Una Defensoría Penal Pública menos garantista

Las críticas políticas al rol garantista de la Defensoría Penal Pública se hicieron carne: Andrés Mahnke dejó el cargo como Defensor Nacional en diciembre pasado y hoy Bataglia Consultores, expertos en Recursos Humanos, está a cargo del proceso de Alta Dirección Pública (ADP) para encontrar al nuevo mandamás de este organismo.

Hasta esta semana había 26 postulantes en carrera y en cosa de poco más de un mes debiera llegar al escritorio del mandatario entre cinco a tres nombres de esa lista. Entre ellos Sebastián Piñera debiera elegir al defensor nacional.

Quienes conocen los intereses de La Moneda respecto al perfil que debe reunir quien ostente este cargo, explican que el contexto social es muy relevante.

Según agregan, la búsqueda no sólo apunta a elegir a una persona prestigiosa en el mundo jurídico, sino también a alguien capaz de mantener una directriz neutral frente a los hechos de violencia, tanto en relación a causas penales contra Carabineros como contra manifestantes.

En ese sentido, las mismas fuentes aseguran que la opinión del jefe del Segundo Piso, Cristián Larroulet, es relevante al momento de tomar la decisión.

Del mismo modo, desde La Moneda se ha manifestado su satisfacción por la postulación de Luis Masferrer, exDirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, militante RN, cercano a Mario Desbordes y a Alberto Espina.

Una de las figuras de Chile Vamos que justamente ha criticado la labor de la Defensoría Penal Pública, Evelyn Matthei, opina sobre el perfil que debe tener el nuevo o nueva defensora.

“Yo entiendo que toda persona tiene derecho a tener una defensa. El tema, lo que a mí me molesta, es cuando la Defensoría gana por secretaría sus causas”, dice, refiriéndose a la utilización de tretas de dilación en las causas que terminan con salidas alternativas para los imputados, lo que, a su juicio, es un abuso del sistema.

“Su rol lo han entendido como liberar gente a cualquier costo”, agrega. En ese sentido, Matthei espera que este nombramiento cambie eso.

“Lo que pido es que sea alguien eficiente y que entienda que es parte del sistema público; y que entienda que una cosa es la defensa legítima y otra es la defensa a costa de abusar del sistema, de los recursos públicos y de las víctimas”.

La polémica por los abogados integrantes

Que el exabogado de Julio Ponce, Pedro Hernán Águila, y el cónyuge de Teresa Marinovic, Enrique Alcalde, hayan sido elegidos abogados integrantes de la Corte Suprema tras una polémica maniobra que incluyó dejar fuera de concurso a los postulantes mayores de 75 años, fue un escándalo que removió los pasillos judiciales.

Los nuevos abogados integrantes de la Suprema acaban de jurar el pasado 1 de marzo.

El consenso para eliminar estos cargos en la discusión constitucional es amplio. Por eso, para algunos, ésta es la última elección de estos abogados que reemplazan a los jueces titulares cuando se encuentran de vacaciones o con licencias médicas, y en cuyo proceso de designación se involucran la misma Corte -elaborando 12 ternas- y el Presidente, quien finalmente los elige.

Pero para otros, sus elecciones serán claves para los próximos tres años en relación a preservar los intereses del poder económico al interior de la Corte.

Según un comunicado emitido tras el polémico nombramiento por el departamento de comunicaciones del Poder Judicial, ambos se dedicarán preferentemente a formar parte de la Tercera Sala de la Corte -la Constitucional-, donde caen recursos de protección contra personas jurídicas.

Un ejemplo concreto de su labor fue la rebaja que esa misma sala confirmó para Julio Ponce sobre la multa por Cascadas de US$62 millones que finalmente quedó en de US$59 millones.

De acuerdo a conocedores de la estrategia, detrás de sus nombramientos la idea es poder hacer frente al control que el ministro Sergio Muñoz -identificado con la izquierda- ejerce en esa sala del tribunal.

¿Patricia Pérez a la CIDH?

El camino para que la abogada Patricia Pérez se convierta en ministra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue en proceso. El gobierno chileno la propone y se calcula que en junio podría ser ratificada.

Quienes conocen el desarrollo de esta nominación, explican que Pérez -quien fue ministra de Justicia en la primera administración de Piñera- le da garantías al gobierno no sólo por sus cualidades como abogada, sino también porque fue ex secretaria de Estado del actual presidente, con quien todavía existe una estrecha confianza.

“Más allá de las competencias profesionales de Patricia Pérez, transversalmente reconocidas, evidentemente su nombramiento en la Corte permite a Sebastián Piñera construir un escenario más bondadoso ante las investigaciones penales chilenas que establezcan presupuestos necesarios para que Piñera sea imputado penalmente por crímenes de lesa humanidad”, plantea Luis Correa.

En enero 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita “In Loco” a Chile para revisar las denuncias y hechos sobre violencia policial y violación de derechos humanos ocurridos a partir del estallido social de octubre de 2019.

Será entonces la Corte que integraría Pérez, la instancia a donde podrían justamente llegar causas chilenas que involucran estos hechos ocurridos bajo el gobierno de Piñera.

Para el abogado querellante en dos causas de víctimas de trauma ocular, también exasesor del exsubsecretario Mahmud Aleuy, Luis Correa, el asunto pasa por un resguardo por parte del gobierno.

“Más allá de las competencias profesionales de Patricia Pérez, transversalmente reconocidas, evidentemente su nombramiento en la Corte permite a Sebastián Piñera construir un escenario más bondadoso ante las investigaciones penales chilenas que establezcan presupuestos necesarios para que Piñera sea imputado penalmente por crímenes de lesa humanidad”, dice. Y agrega: “Las torturas que hoy tenemos, los distintos estallidos de globos oculares, son autorizadas o toleradas por el Ejecutivo; es decir, por el gobierno de Piñera.

Por ende, la posición de Patricia Pérez es algo útil para Piñera. Esto, prescindiendo de las reglas de inhabilitación que pueden ejercer cualquier juez”.

Reemplazo de dos directores de Codelco

Este año se debieran elegir a dos nuevos directores de la estatal Corporación Nacional del Cobre, Codelco, en reemplazo de Blas Tomic y Paul Schiodtz, ambos seleccionados en un proceso de Alta Dirección Pública.

Los directores dejan la mesa el 10 de mayo próximo, y sus sucesores permanecerán cuatro años con opción de reelegirse.

Su nombramiento termina en manos del presidente una vez que el concurso por ADP arroje una quina. Otra vez, el Segundo Piso de La Moneda -con Cristián Larroulet a la cabeza- posee injerencia en el asunto y en la decisión de esos nombres.

Según información preliminar, Tomicic dejará el cargo definitivamente luego de haber estado desde 2014, por dos periodos. Ese año fue designado por el propio Sebastián Piñera.

Por su parte, Schiodtz, quien lleva un periodo como director de la cuprífera, podría emprender un segundo tiempo en su cargo en el organismo, según consignó La Tercera hace algunas semanas.

Fuente:theclinic.cl

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