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La verdad gota a gota

La verdad gota a gota

Santiago. 4 abril 2016.   La UDI proclama a Pablo Longueira como candidato presidencial de su partido. Su más probable rival para la elección del próximo año es el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, mientras Marco Enríquez-Ominami sigue liderando con amplia ventaja las encuestas.
 
El Congreso acaba de aprobar una nueva ley, que concede el monopolio de la pesca industrial en el país a Corpesca. El senador Jaime Orpis ha sido el protagonista fundamental del trabajo legislativo, el que, promete, “dará estabilidad a los trabajadores del sector”.
 
Un artículo de la flamante Ley Procrecimiento entrega la explotación exclusiva y a perpetuidad del litio en Chile a la empresa SQM. Su gerente general, Patricio Contesse, celebra el “acto patriótico” de los parlamentarios al dar luz verde al proyecto, tramitado con suma urgencia.
 
Bienvenidos al Chile sin filtraciones.
 
Así es. Si todos los escenarios descritos en los párrafos precedentes son inverosímiles hoy, es porque investigaciones periodísticas, basadas en muchos casos en antecedentes de carpetas reservadas, han sacado a la luz pública las actuaciones impropias (y eventualmente delictuales) de los políticos mencionados.
 
De hecho, ninguno de ellos ha sido aún formalizado por sus acciones, la instancia en que teóricamente deberían entregarse en público los antecedentes recopilados por la Fiscalía.
 
Sin las filtraciones, tal vez no sabríamos de los correos de Longueira, las boletas de Peñailillo ni las reuniones de ME-O. De los financiados por SQM ni de los parlamentarios capturados por la red de Corpesca. O, al menos, no tendríamos evidencias tan contundentes sobre ellos.
 
Los periodistas no pueden incautar computadores, interceptar teléfonos ni revisar mails privados. Ese tipo de evidencia (las “pistolas humeantes” que comprometen a políticos y empresarios) sale, en muchos casos, de las carpetas investigativas, y permite complementar el reporteo, bastante más complejo, del buen periodismo.
 
Y en buena hora.
 
¿Alguien podría negar que los ciudadanos tenemos derecho a conocer esa información? ¿Podría acaso argumentarse que nuestra democracia sería mejor si siguiéramos sordos y ciegos ante las acciones irregulares, o francamente corruptas, de algunos de nuestros representantes?
 
Seamos claros: cuando los senadores aprueban, sin discusión ni debate en sala, un artículo que obliga a todos los ciudadanos (fiscales, abogados, periodistas, testigos, víctimas) a guardar secreto sobre las investigaciones de la Fiscalía, bajo amenaza de cárcel, están intentando obstaculizar el flujo de información verdadera y relevante, de innegable interés público, hacia los ciudadanos.
 
En el apuro por tapar las filtraciones, estos repentinos gásfiters, cual maestros chasquillas, instalan un tapón tan improvisado que podría tener efectos insólitos. Por ejemplo, una víctima de violencia intrafamiliar que publique en su muro de Facebook los pormenores de su caso podría ser tratada por el Estado como delincuente, y condenada a una pena más alta que la de su agresor.
 
El maltrato habitual tiene hasta 540 días de cárcel. Revelar antecedentes secretos tendría hasta ¡3 años! El ejemplo no es mío. Lo ha entregado el presidente de la Asociación de Fiscales.
 
Las filtraciones no sólo ayudan a la opinión pública. No sólo entregan más poder a los ciudadanos frente a la elite política y económica. No sólo obligan a sacar adelante la agenda de reformas de la Comisión Engel. Además, ayudan a la justicia. Es más: se han convertido en la única manera de asegurar que las investigaciones no queden sepultadas bajo una pesada lápida de presiones e intereses.
 
Es que la opinión pública se ha convertido en el nudo suelto de un sistema que parece atado y bien atado. El Servicio de Impuestos Internos lleva un año cavilando si querellarse o no en los casos de boletas políticas a SQM. El fiscal nacional reconoce que su prioridad es “acotar y dar pronto término” a los casos que involucran a políticos.
 
Esta coreografía da sus frutos. El inmovilismo del SII y la cautela de la jerarquía del Ministerio Público se sumaron para dejar en la impunidad los eventuales delitos por los que se formalizó al ex senador Carlos Ominami. Los meses de inacción, mientras el cronómetro de la prescripción corría, fueron decisivos. Simplemente, “pasó la vieja”.
 
Y, de no haber sido por las filtraciones, lo mismo pudo ocurrir con Pablo Longueira, sobre quien sólo se abrió una indagación por cohecho una vez que sus correos fueron publicados por revista Qué Pasa y Ciper.
 
Por eso, con o sin ley, el periodismo seguirá haciendo su trabajo. Y buscando todas las filtraciones, recovecos, espacios o goteras por donde se filtre, aunque sea gota a gota, la verdad.
 
Fuente: Qué Pasa.
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