La soterrada arremetida de la Superintendencia de Salud en contra de Masvida

Santiago. 16 junio 2017.  Una de las aristas más relevante que surgió en torno al caso de Empresas Masvida, cuya cartera de afiliados de su isapre fue adquirida por Isapre Óptima (filial de Nexus Chile) en abril pasado, ha sido el juicio al actuar desplegado por la Superintendencia de Salud, en particular, por su titular, Sebastián Pavlovic. Varios actores del sector cuestionaron, entre otros aspectos, que Pavlovic sabía desde mediados de 2016 que la situación de la gestora de salud privada era crítica y que, pese a ello, recién determinó su intervención en marzo de este año.

 

También se le criticó la liberación de garantías por $ 87 mil millones que autorizó a la isapre, entre mayo de 2016 y enero de 2017. En ese proceso, realizado con el fin de pagar parte de la deuda a prestadores y proveedores, Masvida aprovechó de desembolsar recursos a directores de la gestora y del holding y a empresas relacionadas, todo ello bajo el visto bueno de Pavlovic (en la foto).

 

Los prestadores han argumentado que si el superintendente hubiese sido más estricto en este proceso, hoy existirían los recursos que asegurarían los dineros que les debe la isapre. También han cuestionado que aún no existe claridad de cuál es el monto total de la deuda que tiene la gestora, la que, de todos modos, superaría los $ 107 mil millones. En vista de estos sucesos, según confirman fuentes de Radio Bío Bío, algunos prestadores, especialmente las clínicas, están evaluando acciones legales contra el organismo fiscalizador y su timonel.

 

En medio de estas críticas que han situado a la Superintendencia de Salud en el ojo del huracán, desde el regulador venían desarrollando de forma reservada una estrategia para arremeter contra la isapre y todos aquellos que estuvieron involucrados en las irregularidades que la llevaron a la crisis, especialmente en lo relacionado a la entrega de información financiera falsa.

 

Esta estrategia está compuesta, principalmente, por dos ámbitos: uno legal y otro administrativo. En el marco de la primera arista, el regulador presentará hoy una querella contra todos aquellos que resulten responsables del delito de ocultación y entrega de información falsa (revisa acá la acción legal que presentará el regulador). La otra parte, en tanto, consiste en dos procesos de formulación de cargos que inició de forma reservada contra la isapre, en marzo pasado, por varias irregularidades detectadas en acciones fiscalizadoras (revisa acá los cargos).

 

Datos falsos

 

La acción penal que presentará Pavlovic ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y a la que accedió Radio Bío Bío, relata algunos hechos que darían cuenta de la entrega de información falsa por parte de la isapre.

 

Entre ellos, describe que los estados financieros que presentó la Isapre Masvida al 31 de septiembre y al 31 de diciembre de 2016, según una presentación que realizó la empresa de auditoría externa PricewaterhouseCoopers (PwC) a la Superintendencia de Salud, resultaron no ser fidedignos.

 

En ese sentido, PwC le informó que encontró grandes diferencias en el marco del due diligence que realizó sobre la gestora, las que están relacionadas con la forma de contabilizar el débito fiscal generado por las operaciones afectas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y con los costos médicos.

 

Dentro de los resultados a septiembre de 2016 se detectaron diferencias en el ítem ingresos operacionales, pues la isapre exhibía un activo de $ 267.763 millones, mientras que, según PwC, a este monto había que rebajarle $ 3.082 millones por concepto de débito fiscal, arrojando una cifra final de $ 264.680 millones. Y en la Ficha Económica y Financiera de Isapre al 31 de diciembre del año pasado también se encontró una situación similar.

 

“Las cotizaciones a la ISAPRE están afectas a IVA, sin perjuicio de lo cual, tienen una exención hasta el tope legal imponible, de modo que todo lo pagado por sobre dicho monto paga IVA y la ISAPRE está obligada a retenerlo y contabilizarlo como débito fiscal”, expone el documento compuesto por 23 páginas.

 

Otra irregularidad que expone el ente fiscalizador es que el informe elaborado por PwC también detectó que a septiembre del año pasado la ex Isapre Masvida informó un costo por operaciones de salud de $ 167.529 millones, lo cual, según sus cálculos, no era real. Esto, ya que si a esa cifra se le suman los programas de atención médica (PAM) el monto total se eleva a $ 181.284 millones, lo que consiste en una diferencia de $ 13.765 millones. Lo mismo sucede con los resultados a diciembre de 2016, añade la querella.

 

Esta situación se produce, según el regulador, porque la gestora no contabilizaba los PAM como pasivo cuando los afiliados compraban bonos, tal como lo ordena la circular IF/140 emitida el 12 de enero de 2011.

 

Los cargos

 

Los primeros días de marzo fueron agitados para los actores ligados al caso Masvida y, en particular, para la Superintendencia de Salud. Y no solo por las cuestionamientos permanentes que ha recibido por su rol fiscalizador en este proceso. En efecto, el primer día de ese mes el regulador anunció la intervención parcial de la isapre y decretó el denominado “corralito”, impidiendo el ingreso y salida de afiliados, medida que no estuvo exenta de críticas y polémicas. Luego, el 6 de marzo, endureció las medidas y anunció la intervención total de la gestora, proceso que quedó a cargo de Robert Rivas, quien había liderado un trabajo similar en la Caja de Compensación La Araucana.

 

En paralelo, durante esos días también realizó una acción que era desconocida hasta ahora. El 14 de marzo, Enrique Hidalgo Donoso, encargado de la unidad de supervisión de riesgos de la superintendencia, le envió un oficio a Robert Rivas. Mediante este documento, al que accedió Radio Bío Bío, Hidalgo le informó sobre varias irregularidades e incumplimientos que habían detectado al interior de la isapre.

 

Una de estas situaciones fue que la unidad de contabilidad de la isapre participaba y confeccionaba directamente la contabilidad de las empresas del grupo, entre ellas Empresas Masvida, MV Financial Service, MV Clinical e Infovida. De las 16 personas que conformaban esa área, seis tenían funciones relacionadas con las empresas del holding, tales como efectuar el proceso de cierre contable de las remuneraciones, realizar el cálculo de intereses y el registro de cobro de deudas por acciones.

 

Esta situación, le dijo Hidalgo a Rivas, contraviene la normativa sobre el giro exclusivo de actividades de las isapres, “al efectuar actividades que no tienen por objeto financiar las prestaciones y beneficios de salud (y) al efectuar la contabilidad para los prestadores de salud relacionados al holding”. También identificó vulneraciones a la normativa sobre procedimientos, debido a la incompatibilidad de cargos al haber personas que ocupaban roles clave de forma simultánea en la gestora y en los prestadores relacionados.

 

“A su vez, lo anterior, representa un riesgo para la gestión contable, tanto para la isapre como para prestadores relacionados, dada la falta de segregación de funciones e independencia necesarias para la confección de los estados financieros”, consigna el documento incluido dentro de la carpeta del fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo, quien investiga la entrega de información financiera falsa y otros posibles delitos.

 

Otra observación correspondió a la subprovisión del IVA por no pago de las cotizaciones sobre el tope imponible que se detectó en la isapre. En esta línea, el funcionario de la superintendencia remarcó que la gestora de salud privada le ocultó las advertencias que le había realizado la empresa de auditoría externa EY (ex Ernst & Young) a ejecutivos y directivos de la isapre y el holding sobre inconsistencias en los estados financieros, entre ellos, el tema del IVA.

 

“La situación descrita deja en evidencia que la isapre entregó a esta Superintendencia información falsa a través de un hecho relevante reservado, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 228, del DFL N°1 de Salud, de 2005”, precisa el oficio.

 

El organismo regulador también cuestionó dos contratos entre la gestora y empresas relacionadas por concepto de asesorías, donde no se encontró respaldo de los servicios prestados.

 

Uno de los contratos se celebró con MV Clinical, con un costo mensual de $ 60 millones, lo que llevó al departamento de contabilidad de Isapre Masvida a provisionar este monto mensualmente por al menos 36 meses, entre 2013 y 2015, alcanzando un total de $ 2.740 millones. El otro contrato se suscribió con Empresas Masvida, con un costo total de $ 1.160 millones entre enero de 2012 y mayo de 2015, lo que también fue provisionado por la gestora.

 

Tras verificar los ajustes contables, las provisiones por cerca de $ 3.380 millones fueron reservadas el 16 de febrero de 2017 e imputadas contablemente al 31 de diciembre de 2016. “La situación descrita afectó la presentación de los estados financieros de los ejercicios correspondientes entre los años 2012 al 2016, teniendo como consecuencia una sobrevaloración de los pasivos y costos de la entidad, además del impacto tributario que esta situación implica”, precisa el oficio.

 

En vista de todas estas irregularidades, el regulador instruyó medidas para corregir estas situaciones y, además, inició un proceso de formulación de cargos contra la Isapre Masvida que podría finalizar con sanciones administrativas.

 

Un nuevo proceso

 

El 20 de marzo, el jefe del subdepartamento de fiscalización de beneficios de la Superintendencia de Salud, Marcos Puebla Aguirre, le envió un nuevo oficio al administrador provisional de Isapre Masvida, Robert Rivas, dando cuenta de otras irregularidades detectadas al interior de la gestora.

 

Una de estas situaciones era que la isapre mantenía un Rol privado A y B con la empresa auditora PwC, el cual era administrado por ejecutivos de Empresas Masvida e incluía las remuneraciones de algunos altos ejecutivos del holding y que eran cubiertas con recursos de la gestora.

 

De hecho, el jefe del departamento de recursos humanos de la isapre admitió al regulador que hasta antes de la intervención, la planilla de sueldos de la compañía contemplaba a Erwin Sariego, entonces director del holding, con remuneraciones, y a Claudio Santander, presidente del directorio, a través de honorarios. También contó que el detalle de los haberes, premios y anticipos, entre otros, del Rol privado era manejado directamente por Sariego y José Bauerle, quien era gerente de finanzas de Empresas Masvida.

 

“Esta situación deja en evidencia que los ejecutivos de la matriz ‘Empresas Masvida S.A.’ tenían directo control sobre la administración y los recursos de la isapre como de las relacionadas que incluyen a prestadores de salud”, estableció el funcionario del organismo fiscalizador.

 

En ese contexto, en paralelo, Radio Bío Bío tuvo acceso a la planilla de remuneraciones de la ex Isapre Masvida, donde aparecen presuntos sobresueldos pagados a cuatro exdirectivos y exejecutivos de Empresas Masvida y otras empresas del grupo, en septiembre de 2016. Ese mes José Bauerle recibió un sueldo de $ 29,5 millones, el que se alejaba muy por encima de lo que recibió en otros meses del mismo año. En efecto, en agosto de 2016 Bauerle percibió una remuneración de $ 10,14 millones.

 

Algo similar ocurrió con Erwin Sariego ese año, quien era director de Empresas Masvida. Él obtuvo un sueldo de $ 44 millones en septiembre, mientras que en agosto recibió $ 14,54 millones. Entre los posibles sobresueldos también se encuentra Oscar Torrealba Gil, en esa época director del holding, quien tuvo una remuneración de $ 21,5 millones, superior al de otros meses, pues, por ejemplo, en agosto percibió $ 8,36 millones. En este grupo además está el exgerente general de Isapre Masvida, Ulises Figueroa. En septiembre le pagaron $ 14,4 millones, monto que se distanció de los $ 8,34 millones percibidos en agosto y otros meses de ese ejercicio.

 

En tanto, en el oficio enviado por la Superintendencia de Salud a Robert Rivas también se identificaron incumplimientos en las obligaciones con los prestadores de salud y los costos de prestaciones. Entre otras situaciones, la isapre no había aportado los resultados de su confirmación con los prestadores, los que permiten evaluar los saldos contables como las provisiones que la gestora mantenía por prestaciones de salud.

 

Junto con informale al administrador provisional sobre estas irregularidades, el ente regulador inició un nuevo proceso de formulación de cargos por estas situaciones, el que probablemente terminará en sanciones administrativas.

 

Consultados sobre qué pasó con los dos procesos de formulación de cargos, desde la Superintendencia de Salud explicaron que “ambos oficios consultados se encuentran en etapa de análisis de los descargos entregados por la Isapre y contienen materias similares. Por esta razón el Comité de Sanciones decidirá con prontitud si se acumulan los respectivos procesos sancionatorios o si se tramitarán en forma separada”.

 

Por lo tanto, añadieron, “solo podremos referirnos al tema e informar una vez que se determine la sanción, dependiendo del resultado del proceso, que sabemos es de alto interés para la opinión pública”.

 

Radio Bío Bío también le envió preguntas sobre el tema al administrador provisional Robert Rivas e intentó comunicarse con él a través de diferentes vías, pero no obtuvo respuestas.

 

Piden citar al director del Servicio de Impuestos Internos

 

Desde que se dio a conocer la compleja situación en la que estaba la Isapre Masvida, diversos actores han presentado acciones legales contra la gestora y aquellos que estuvieron involucrados en los posibles delitos que la llevaron a la crisis.

 

Alejandro Huerta Catalán, afiliado y cotizante de la exgestora, se sumó a esta tendencia y el 31 de mayo pasado presentó una querella contra todos aquellos que resulten responsables por el delito de asociación ilícita (revisa acá la querella).

 

Entre otros hechos, Huerta acusa que la administración de Masvida, bajo el conocimiento del directorio, entregó información financiera falsa en sus resultados. También expone que se informó a la Superintendencia de Salud un espejismo de respaldo financiero que era inexistente, con el fin de aparentar solvencia.

 

Además, cuestiona que “existiría en la administración de Isapre Masvida una conducta concertada y reiterada en el tiempo, emitiéndose facturas y boletas que no sustentaban prestaciones reales, además, pagadas a empresas de asesorías de propiedad o vinculadas directamente a altos ejecutivos del holding”.

 

Luego de presentar la mencionada acción penal, Huerta, por medio de su abogado, Ernesto Olivares, solicitó al fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo, que realice algunas diligencias. Una de ellas es que cite al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, con el fin de que declare en relación con los antecedentes de la carpeta de investigación que dan cuenta de la no declaración del IVA sobre el 7% de la cotización obligatoria de los planes de salud. Esta irregularidad representa, durante los años tributarios 2014 a 2017, una defraudación tributaria en torno a $ 10 mil millones, sin contar las multas e intereses legales, precisa el documento (revisa acá la solicitud de diligencias).

 

El querellante también le pidió al fiscal Contardo que instruya a la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef) para que realice pesquisas en torno a los hechos denunciados. Además, requirió enviarle un oficio a la Superintendencia de Salud para que remita todos los antecedentes e informaciones que posea sobre Isapre Masvida desde 2007 en adelante.

 

Fuente: biobochile.cl