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La dura catarsis de los fiscales sobre La Araucanía en el Congreso: Más atentados, ataques con explosivos y falta de recursos

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La dura catarsis de los fiscales sobre La Araucanía en el Congreso: Más atentados, ataques con explosivos y falta de recursos

La dura catarsis de los fiscales sobre La Araucanía en el Congreso: Más atentados, ataques con explosivos y falta de recursos

Santiago. 5 agosto 2020. La temperatura en la Macrozona Sur -zona compuesta por la regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos- sigue al alza. Esta mañana se registraron nuevos atentados y la toma de la Municipalidad de Tirúa. La petición de los 11 comuneros presos que mantienen una huelga de hambre desde mayo, de conmutar la cárcel por arresto domiciliario total mientras dure la pandemia, sigue siendo un punto de tensión.

Todo este escenario no solo preocupa en La Moneda, sino que también en el Ministerio Público. Así lo hicieron ver ayer en la Comisión del Seguridad del Senado, el fiscal nacional, Jorge Abbott, y los fiscales regionales de La Araucanía y el Biobío, Cristián Paredes y Marcela Cartagena.

En la instancia, que fue convocada por el senador PPD, Felipe Harboe, también participó el general director de Carabineros, Mario Rozas; el ministro del Interior, Víctor Pérez; y el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli.

El primer dardo lo lanzó Abbott. El fiscal nacional sostuvo que “no es un conflicto que se solucionará con el reproche penal. Entre 2019 y 2020 tenemos 11 personas condenadas y 21 imputados en prisión preventiva, solo en La Araucanía, por hechos asociados a violencia rural”.

El dato fue complementado por el fiscal Paredes, quien agregó que entre el año pasado y este, en el mismo periodo, a julio, los atentados en el marco de violencia rural han aumentado en más de un 30%.

En ese sentido, Paredes reflexionó que “buena parte de los últimos atentados que han acontecido en la región y en el Biobío, particularmente en la zona de Arauco, expresan como causa última la reivindicación de los llamados ´presos políticos mapuches’, y con nombre y apellido, que corresponden a las personas que están privadas de libertad, por lo demás, por delitos que son bastante graves”.

Entre las personas en huelga de hambre hay imputados y condenados por homicidio, robo, ataques incendiarios, robo con violencia y manipulación de artefactos incendiarios.

El más conocido es el machi Celestino Córdova, condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido en 2013.

Violencia rural

Para el Ministerio Público, mientras avanzan más en la investigaciones, los hechos de violencia se agudizan, lo que merma de alguna manera el trabajo de persecución penal.

Al respecto, el fiscal Paredes, sostuvo que “esto es como un deja vu. Cada vez que se logra avanzar investigativamente, y en la eficacia en las causas a nuestro cargo, se produce una oleada de violencia y una serie de presiones a la autoridad política. Eso es así. Tenemos diversos antecedentes sobre esa materia”.

Además, el fiscal regional de la zona -quien destacó que el Ministerio Público trabaja con objetividad, ejemplificando eso con los casos Catrillanca y Huracán- dijo que “el problema mapuche, el conflicto mapuche, de violencia rural, en primer lugar es un problema político; por lo tanto, a nosotros como institución técnica nos compete investigar aquella manifestación que se comete en la comisión de ilícitos, pero es la autoridad política, el Ejecutivo y el Legislativo, los llamados a crear las condiciones para de una buena vez superar esto”.

El senador Harboe recogió el guante y contestó a Paredes, en lo que sería el primer “encuentro” entre ambos durante la comisión.

El parlamentario sostuvo que “es cierto, tiene que ver con política pública, pero cuidado, nosotros también decimos que hay un tema policial y esperamos que también lo resuelvan. Se tiene que entender que hay dos planes que tienen que discutirse”.

Recursos en la zona

El senador Francisco Huenchimilla (DC) también intervino y sostuvo que era evidente la “alta temperatura”, en cuanto a eventos, en la zona.

El senador Alejandro Navarro agregó que lo que tenía que solucionarse eran los problemas de fondo con “el pueblo mapuche”, más allá de las consideraciones técnicas y policiales, que también eran relevantes.

El fiscal Abbott compartió el punto e incluso deslizó una crítica a algunas autoridades de la zona: “Las acciones que realizan las personas que cometen delitos tienen respaldo en ciertos actores importantes de la comunidad.

Por lo tanto, mientras no se solucione el problema de fondo, es muy difícil poder solucionar este conflicto, sin perjuicio de hacer lo que nos corresponde en materia de persecución penal”, dijo, añadiendo que era necesario, además, una mejora a la Ley Antiterrorista.

En el Ministerio Público existe la sensación de que Carabineros, la PDI, y hasta otros entes como las intendencias, han incrementado sus recursos para abordar la violencia rural.

Consideran que La Araucanía, el Biobío, Los Ríos y -en menor medida- Los Lagos, cuentan con un mismo “stock” de recursos para abordar tanto la violencia común como la rural.

El fiscal Paredes manifestó que “¿de qué manera se ha reforzado el trabajo de la fiscalía? De ninguna. No contamos con ningún elemento adicional de aquellos que se cristalizaron al inicio de la reforma, allá por el año 2000, para abordar la delincuencia común, y sucede que los eventos asociados con violencia rural no guardan relación con violencia común”.

Estas palabras encontraron eco en el senador Harboe, quien replicó que “¿platea que nadie le ha aportado nada? Yo por lo menos he participado en dos leyes para la mejora del funcionamiento del Ministerio Público. Lo que dice no se ajusta con la realidad, y si hay un problema en la distribución interna, eso tendría que hablarlo con el fiscal nacional”.

Explosivos y Malleco

En el Biobío, a diferencia de La Araucanía, la violencia está radicada en una sola provincia. Se trata de Arauco, donde los hechos delictuales han registrado un aumento en este año.

La fiscal regional, Marcela Cartagena, indicó que “tenemos un fenómeno que se desarrolla durante los años, pero creo que vale la pena llamar la atención de esta comisión y de Interior, en que este año 2020 esto se ha exacerbado de manera importante. Hemos tenido atentados explosivos que no habíamos visto antes”.

Desde el 26 de marzo que se han registrado tres ataques con explosivos en la zona. El primero fue a una torre de Entel; el segundo afectó el Puente Lleu Lleu; y el último afectó a la empresa Claro, en Tirúa.

Estos ataques preocupan por el alto poder de daño que tienen los explosivos. Por lo mismo, se está indagando desde dónde se sustrajeron estos elementos.

La fiscal Cartagena explicó que “estamos investigado estos tres atentados explosivos , en relación a la sustracción de explosivos que hubo en noviembre de 2019 y que nos preocupa.

Agregar que a propósito de lo acontecido en el puente Malleco, hemos tomado contacto con La Araucanía para coordinar que esa investigación también pudiera tener que ver con esta sustracción de explosivos”.

La fiscal también advirtió sobre la gravedad de los atentados a tres escuelas rurales durante los últimos dos meses, por lo que manifestó que “no tenemos dificultades para el trabajo desde lo técnico, lo hemos conversado con el subsecretario Galli, pero sí hemos tenido dificultades para ir desarrollando la labor investigativa, dada la grave alteración del orden público que sufre la provincia de Arauco, eso es un hecho”.

Subrayó que “disparos, cortes de camino, son situaciones permanentes que están ocurriendo y yo no puedo decirle que eso no interfiere en la labor investigaitiva”.Comenta

Fuente:latercera.com

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