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Gobierno y Diputados se enfrentan por proyecto que permite al Ministerio Público querellarse en delitos tributarios

Gobierno y Diputados se enfrentan por proyecto que permite al Ministerio Público querellarse en delitos tributarios

Valparaíso. 30 mayo 2017.  La moción que busca darle más facultades al Ministerio Público para querellarse en los casos de financiamiento irregular de campañas vuelve a tomar fuerza en el Congreso y provoca un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la Cámara de Diputados. Se trata del proyecto de ley que le da la atribución al Ministerio Público de impulsar acciones judiciales y le quita esta exclusividad al director de turno del SII, iniciativa que dormía en el edificio desde hace dos años.
 
Esto tiene enfrentados a La Moneda con la Cámara de Diputados, pues el Ejecutivo insiste que este proyecto es inconstitucional por tratarse de una iniciativa exclusiva del Presidente de la República el asignar los roles y funciones de los funcionarios públicos.
 
Así lo reiteró en la sesión de Sala de hoy el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, apelando que se trata de "un tema de suma complejidad" e insistió lo que ya se había planteado en las comisiones de Hacienda y Constitución, en donde el proyecto ya tuvo luz verde.
 
"A nuestro juicio es que esta moción es inadmisible porque invade materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en particular en lo que se refiere en suprimir y determinar funciones y atribuciones de los servicios públicos del Estado", dijo al intervenir en la discusión esta mañana.
 
El jefe de la billetera fiscal dijo ampararse en el artículo 65, inciso cuarto número 2 de la Constitución, sin embargo es este mismo punto el que utilizó como argumento la mesa de la Corporación para acoger a trámite la iniciativa parlamentaria.
 
Según explicaron a Emol desde la Cámara existe como presente un fallo del Tribunal Constitucional que se aplicó cuando el Congreso se trasladó a Valparaíso. Aquella vez los funcionarios alegaron que se les debía indemnizar por el cambio de ciudad, sin embargo, el organismo apoyándose en el mismo articulado citado por Valdés, determinó que este tipo de instituciones no pertenecen a la organización central del Estado, sino que son órganos autónomos constitucionales, por lo que estos empleados no responden al artículo 65.
 
Así los diputados apelan que Aduanas, Ministerio Público y la Fiscalía Nacional Económica por ejemplo, caben dentro del mismo criterio.
 
Con todo, la votación del proyecto en general se realizará mañana en la Cámara y luego se iniciará su discusión en particular. Luego será revisado por el Senado, en donde podría efectivamente frenarse su tramitación ya que el Gobierno podría no darle las urgencias que requiere, negociar por los representantes oficialistas o incluso acudir al TC. 
 
Fuente: Emol.com
 
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