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Estatuto de protección al denunciante en materia de probidad: conozca los alcances del proyecto

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Estatuto de protección al denunciante en materia de probidad: conozca los alcances del proyecto

Estatuto de protección al denunciante en materia de probidad: conozca los alcances del proyecto

Valparaíso. 14 junio 2021. Promover la denuncia de actos irregulares y la proteger al denunciante, son los puntos claves del proyecto de ley que aprobó en general la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, instancia presidida por el senador Carlos Bianchi.

La norma, en segundo trámite constitucional, modifica la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, para promover la denuncia, por parte de los funcionarios públicos, de los delitos y otros hechos irregulares de los que tengan conocimiento.

Para este fin, la instancia especializada se dio a la tarea de escuchar a todos los actores involucrados, entre otros, al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía Nacional, a la Contraloría General de la República, la ANEF y diversas asociaciones de funcionarios municipales.

RESERVA DE IDENTIDAD
Los detalles del texto legal fueron dados por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien destacó la importancia de establecer un estatuto de protección al denunciante, reservando la identidad y con mecanismos de protección y la instalación de un canal de denuncia dentro de la Contraloría, así “se promueven denuncias de delitos e irregularidades de parte de funcionarios públicos”.

Revise detalles de la sesión

A juicio del Ministro, la normativa vigente, regulada por la ley 20.205, “en su ámbito de aplicación ha sido observado y cuestionado, porque solo aplica a ciertos órganos de la administración central y municipios y la protección aplica en la práctica solo a funcionarios de planta, por lo que es muy restrictivo el ámbito de aplicación (…) No hay una figura administrativa de represalias por denuncias”.

Además, se refirió a las recomendaciones de organismos internacionales al respecto.

CANAL DE DENUNCIA
Luego indicó que “en lo fundamental, seguimos el camino de instalar un canal de denuncia dentro de la Contraloría General de la República, que es una plataforma en donde pueden denunciar actos de irregularidad o ilícito cualquier persona (…) y como segundo eje se potencia la reserva de identidad y otros mecanismos de protección al denunciante. (…) Si la denuncia es calumniosa, esta tiene sanción”.

Los diferentes actores valoraron el avance; sin embargo, se realizaron una serie de apreciaciones y puntos que “deben ser perfeccionados”, como plazos y acciones y la posibilidad que el funcionario denunciante pueda solicitar el traslado a otra oficina de la misma repartición.

Revise detalles de la sesión

En la misma línea, se propuso crear un tribunal administrativo autónomo, que resuelva las denuncias con las respectivas medidas correctivas y sancionatorias, que “podrían depender de la Contraloría, en el marco de su modernización”.

Además, se advirtió que se debe ver “cómo se gestionará la carga para Contraloría”. Se manifestó que “solo se establece un deber de reserva de la Contraloría General pero no para las otras autoridades con competencia en lo penal, de fiscalización o control”.

Otro punto que se deberá debatir es el “complementar esta regulación con una modernización de la legislación administrativa general, que implique carrera funcionaria con estabilidad y calificaciones reales; capacitación experta”. Entre otras.

Participaron de las sesiones, entre otros, el ministro de Justicia, Hernán Larraín; el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; el presidente de ASEMUCH, Ramón Chanqueo; el presidente de la UFEMUCH, Miguel Ángel Gómez; el presidente de la ANEF, José Pérez.

Fuente:senado.cl

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