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El nuevo reglamento que enciende al Congreso

El nuevo reglamento que enciende al Congreso

Valparaíso. 8 marzo 2016.  Apenas habían pasado algunas horas desde que los jefes de bancadas recibieron un documento -el miércoles 2- cuando el malestar se desató en la Cámara de Diputados.
 
El texto en cuestión corresponde a una propuesta de “Estatuto parlamentario” que desde hace meses era trabajada en estricta reserva por la mesa de la Corporación, que preside el diputado PPD Marco Antonio Núñez.
 
Ese día, el vicepresidente de la Cámara, Patricio Vallespín, distribuyó ocho ejemplares entre los respectivos jefes de bancadas, a quienes pidió que los revisaran y comentaran con sus pares, evitando entregarles una copia.
 
Y es que el texto íntegro sólo será difundido el próximo martes, cuando deba ser votado en la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados.
 
El celo se explicaba por las reticencias que pudiera generar entre los parlamentarios la propuesta encabezada por el mismo Vallespín, que podrían hacer abortar la intención de la mesa de la Corporación de eliminar una serie de beneficios con los que hoy cuentan los diputados.
 
Una preocupación que -en todo caso- fue ratificada de inmediato cuando comenzaron los reclamos de algunos parlamentarios apenas se produjeron los primeros trascendidos sobre el contenido de la propuesta.
 
Debate interno
 
Desde hace meses que las actuales autoridades, e incluso algunos ex miembros de la mesa de la Corporación, tomaron nota de la débil imagen ciudadana que golpeaba con fuerza a los congresistas.
 
A ello se sumaban los escándalos de financiamiento irregular de campañas que cada vez comenzaba a involucrar a más diputados y que seguían hundiendo la percepción de la labor parlamentaria. 
 
La propia Corporación agregaba al disgusto ciudadano sus propios escándalos institucionales, como la entrega de dobles viáticos; la revelación de la existencia de un fondo solidario denominado “AFP de diputados”, y una práctica de préstamos irregulares a los parlamentarios.
 
Así, de acuerdo a la encuesta Adimark dada a conocer a principios de marzo, la Cámara de Diputados contaba con un 82% de desaprobación y un 11% de aprobación. 
 
Una de las conclusiones a las que llegó la mesa de la Cámara fue la necesidad de establecer medidas drásticas de probidad y término de beneficios en una sola normativa que regule de ahora en adelante la función parlamentaria.
 
La propuesta distribuida por Vallespín establece un “Estatuto parlamentario” que obligará a cada uno de los miembros de la institución y que fusiona los tres cuerpos normativos que actualmente rigen sobre los diputados: la Constitución; la Ley Orgánica del Congreso, y el Reglamento propio de la institución. A ello se agregan los dictámenes del Consejo de Asignaciones y la Comisión de Etica.
 
La novedad -y lo que augura tensiones al momento de abrir el debate entre los diputados- es que se agregan disposiciones que ponen término a cuatro prácticas de las que actualmente gozan los diputados.
 
Vacaciones y viajes restringidos
 
“Los diputados no tenemos vacaciones”, sostuvo hace poco más de un año el ex presidente del PS Osvaldo Andrade, generando una dura polémica. 
 
Y es que el receso del año legislativo que mantiene durante todo febrero al Congreso sin actividad parlamentaria ha sido un foco permanente de críticas.
 
Uno de los puntos novedosos del nuevo estatuto es que propone fijar 15 días hábiles de vacaciones para cada diputado durante febrero, al que se agregarán días de manera progresiva de acuerdo a los años en los que ha cumplido labores parlamentarias.
 
“En otros parlamentos y congresos existe una variedad de modelos al respecto. La regla general es la división de este beneficio en más de una fecha del año. Atendida la realidad de nuestro país, se establecen dos fechas para hacer efectivo ese feriado, una colectiva que comprenderá a todo los diputados y que se hará efectiva en el mes de febrero por, al menos, dos semanas, y el resto de los días que correspondan, según la proporcionalidad que les otorga a cada diputado sus años trabajados, como establece la legislación laboral, en otra oportunidad en el curso del año”, se lee en el documento al que tuvo acceso Reportajes.
 
La idea -según se explicita en el mismo texto- es que los diputados tengan “el descanso con goce de remuneraciones al que todo trabajador con más de un año de servicio tiene derecho”.
 
Un parlamentario que ya ha estudiado la propuesta explica que -en la práctica- esta nueva norma obligará al Congreso a permanecer abierto para uso de los diputados al menos dos semanas durante el mes de febrero.
 
Otro de los puntos que ya ha comenzado a generar una soterrada polémica entre los diputados se refiere a que ya no podrán acumular millas por viajes realizados en su calidad de parlamentarios, ya sea en Chile o el extranjero. “La Cámara de Diputados ha acordado que no corresponde la acumulación automática de millas en sus compras de pasajes aéreos nacionales e internacionales. En consecuencia, a partir de la fecha de dicho acuerdo queda prohibido el uso de millas provenientes de viajes aéreos pagados con cargo institucional”, se señala en el texto, que debe ser votado en Régimen Interno para que comience a operar.
 
El ítem “viajes” también augura una álgida discusión entre los diputados. Según se propone en el señalado estatuto, se restringirá la compra de pasajes en clase Business, además de hacer obligatoria la adquisición del billete en la línea aérea más económica disponible, y no se permitirá permanecer en el lugar de viaje más allá del tiempo oficial. “En el caso de los pasajes aéreos, estos corresponden a clase económica en todos los viajes que no superen las ocho horas de vuelo y sólo se puede viajar en una clase superior a esa si el viaje es mayor a dicho tiempo (igual que los ministros de Estado). En ningún caso puede viajarse en primera clase en los vuelos que tengan esa categoría. La Corporación define el itinerario oficial conforme a las ofertas de todas las líneas aéreas que operen en el mercado, debiendo elegirse siempre la más barata, considerando hasta una escala no obligatoria. No está permitido el ‘stop over’ o cualquier otra modalidad que implique una estadía privada junto a un viaje oficial”, se propone.
 
A todo ello se agrega que se pone término al uso de pasaporte diplomático para esposas e hijos de parlamentarios, una práctica que facilita la entrada y salida del país. “El pasaporte oficial debe ser utilizado en viajes oficiales. Si dicho instrumento es utilizado en viajes particulares, por esa sola circunstancia el desplazamiento queda sujeto a las normas sobre transparencia activa. Por acuerdo de la Cámara de Diputados este beneficio no es extensivo a los cónyuges y parientes de los diputados”.
 
Quizás una de las medidas más llamativas es que -de aprobarse el estatuto propuesto- los diputados deberán cancelar sus almuerzos y cenas, lo que supone que deberán anotarse para el descuento respectivo de sus viáticos. De acuerdo a un parlamentario, la cancelación de este beneficio reportará alrededor de $ 100 millones anuales en el presupuesto general de la Cámara de Diputados, adonde actualmente se carga este gasto.
 
“Hasta 1973 existía la posibilidad de que los parlamentarios pudieran invitar un número limitado de personas a las tradicionales ‘once’ de la Cámara de Diputados. En la actualidad no existe ese servicio y los diputados deben cancelar de su dieta cualquier gasto que irrogue los servicios a sus invitados, incluida su familia. Los almuerzos y cenas de los parlamentarios en días de sesión de sala son imputados a su viático”, se establecerá en el nuevo estatuto.
 
Según quienes han participado del debate, las normas propuestas constituirán -en la práctica- el último esfuerzo institucional de la Cámara por incorporar las demandas de probidad exigidas por la ciudadanía para el desempeño de la labor parlamentaria. La pregunta abierta es si el Senado también se sumará a estas nuevas restricciones.
 
Fuente: La Tercera.  
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