Buenos Aires.11julio 2021. La instalación de la Convención Constitucional en Chile esta semana, tras décadas de reclamos populares y el estallido social de octubre de 2019, marcó el inicio de un largo camino que lejos de tranquilizar la atmósfera política, desnudó la lista de tensiones que enfrentará este proceso, envuelto además en una incierta coyuntura electoral.
Un día antes de la sesión inaugural, uno de los principales editorialistas del diario La Tercera, Daniel Matamala, anticipó el cimbronazo que este proceso significará para el país: “Se trata de sacar a la luz, de escenificar por primera vez en la gran escena del poder, aquel Chile postergado y silenciado”.
“En vez de protocolo, habrá catarsis. Y eso es tan saludable como necesario”, sentenció.
Un escenario completamente distinto al de la elaboración de la Constitución de 1980, cuando el debate ciudadano estaba silenciado a punta de fusil y la dictadura de Augusto Pinochet se arrogó la plenitud del poder constituyente para transferirlo a un pequeño grupo de expertos vinculados a la derecha y los grupos de poder económico.
El clima político, el año electoral y el volumen de demandas expresadas en las aún efervescentes calles del país anticipan que los meses de trabajo de este órgano, antes de entregar el texto que debe ser aprobado en un plebiscito, serán escenario de fuertes disputas.
Algunas se iniciaron cuando la Constitución era solo un proyecto, como el explícito -y fracasado- intento de la derecha por lograr un tercio de los constituyentes y bloquear así cualquier cambio y mantener el espíritu de la Constitución anterior.
Pero la disputas simbólicas no estuvieron al margen.
El primer día, mientras los constituyentes ingresaban a la sede del órgano, desde altavoces grupos de derecha hicieron sonar el himno nacional en una versión impuesta por la dictadura, que incluía una estrofa que alude a los “valientes soldados”, lo que provocó el rechazo de varios constituyentes que lo calificaron de “provocación”.
La elección de la mujer mapuche Elisa Loncon para presidir la Convención tampoco estuvo exenta de tensiones y, si bien fueron mucho más ásperas en las redes sociales, los rostros de los representantes de la coalición de derecha Chile Vamos durante la ceremonia de asunción no dejaron lugar a dudas sobre su desconcierto.
La elección de la mujer mapuche Elisa Loncon para presidir la Convención tampoco estuvo exenta de tensiones.
El líder del Partido Progresista de Chile y fundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami, advirtió en charla telefónica con Télam que aunque la Convención comenzó con un gran piso de legitimidad también enfrenta “varias adversidades”, entre ellas, que tiene “el árbitro en contra”, en alusión al presidente Sebastián Piñera, además de un escaso interés de la mayoría de los chilenos.
Estas relaciones de fuerza, la presión de grupos económicos, el gran empresariado y la protesta social callejera son las “conflictivas aguas por las que “navegará esta Convención”, agregó el también excandidato presidencial.
Indulto si, indulto no
Otra de las grandes fracturas sociales que atraviesa la sociedad chilena en la actualidad, los derechos humanos y la criminalización de la protesta, se vio expresada al interior de la Convención en radicales diferencias respecto a un posible indulto a los detenidos durante 2019.
“Hay quienes defienden el actuar de carabineros y quienes lo sufren. Hay quienes cantan con orgullo el himno nacional y quienes ven en él la representación simbólica de la opresión”, aseguró en horario central de la televisión el abogado constitucionalista y vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa.
Los constituyentes de Chile Vamos y algunos independientes estiman que la Convención no tiene que inmiscuirse en absoluto en el tema de los indultos, mientras el resto de las coaliciones se reparte entre quienes lo plantean como condición “sine qua non” para que el cuerpo inicie sus sesiones y quienes se limitan a apurar una ley en el Congreso que acelere el trámite judicial.
Tras un enconado debate, que evidenció grietas entre las coaliciones de centro-izquierda, el órgano decidió por amplia mayoría en una segunda votación (105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones) una declaración sobre los detenidos, en la que demandan “máxima celeridad” en la tramitación del proyecto de indulto y que abarque a los presos por el conflicto en el Wallmapu (territorio mapuche) desde 2001.
El Gobierno criticó la declaración de la Convención sobre el indulto, dijo que en Chile “no hay presos políticos”.
Críticas al Gobierno
El Gobierno criticó horas después la declaración de la Convención sobre el indulto, dijo que en Chile “no hay presos políticos” y que es la violencia la que se debe extirpar de nuestra convivencia social.
Estos primeros días estuvieron también atravesados por ásperos cortocircuitos con el Gobierno, a quien la mayoría de los constituyentes -incluidos oficialistas- responsabiliza por la seguidilla de problemas técnicos y sanitarios que retrasaron el inicio de las sesiones del cuerpo.
La presidenta Loncon culpó al Gobierno -“Faltaron garantías para que se iniciara la discusión Convencional”- y finalmente el cruce pareció haberse zanjado con la renuncia del secretario ejecutivo de la Convención Constituyente, Francisco Encina, y su reemplazo por Catalina Parot, del partido oficialista Evopoli, un nombramiento criticado por propios y ajenos.
Además, la ampliación de la mesa directiva -cuyas atribuciones no están claras- también generó fuerte controversia y la molestia de los constituyentes de la derecha, que evalúan impugnarla ante la Corte Suprema.
Mientras el grupo define su reglamento, su funcionamiento e incluso las mayorías necesarias para avanzar, queda claro que el proceso transitará un camino sinuoso de impredecibles y cambiantes relaciones de fuerza.
Las redes arden mientras los convencionales testean los límites de su poder y los chilenos se preguntan si los 155 integrantes podrán responder a las expectativas generadas en la histórica ola de protestas.
En paralelo, se desploma el mito del Chile cuyos gestos republicanos durante los traspasos de mando presidencial parecían mostrar sana convivencia política y un modelo fuera de discusión, la consagración del fin de la historia anticipado por Fukuyama.
Ahora aparece un país que deja ver sus heridas y tensiones profundas y atávicas, donde el deseo de nuevas reglas de juego definidas democráticamente vuelve a poner en pugna los privilegios, los derechos y los mecanismos para administrarlos. La historia misma.
Fuente:Telam CONOSUR.ar
