Valparaíso. 6 abril 2022. El diputado Christian Matheson presentó En enero el Gobernador Regional, Jorge Flies, y el representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, Juan Carlos Murillo, firmaron un convenio de cooperación internacional que busca integrar a personas refugiadas y migrantes, forzadas a dejar su país de origen.
Para el diputado Christian Matheson, “no está claro si el Gobernador Regional ha actuado dentro de la órbita de sus atribuciones y, por tanto, la Contraloría debe pronunciarse respecto de si procede o no la firma de este convenio”. Además, sostiene que “en caso de resultar improcedente el actuar del Gobernador, debiese declararse su nulidad según lo dispuesto por la Constitución, cuyo Artículo 7 señala que ninguna persona o grupo de personas puede atribuirse otra autoridad o derechos que la que expresamente les hayan conferido la Constitución y las leyes”.
La problemática es aún mayor si se considera que la conducción, negociación y suscripción de los tratados internacionales corresponde al presidente de la República, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y más preocupante se vuelve la situación, si se considera que los integrantes del Consejo Regional no conocieran los alcances de este tratado, ya que ni siquiera fueron consultados respecto de este acuerdo, previo a su firma.
“Dando respuesta a la inquietud planteada por muchos magallánicos y haciendo uso de las facultades de fiscalizador que me confiere la Ley Orgánica del Congreso y la Constitución, hoy he realizado una presentación en la Contraloría General de la República solicitando un pronunciamiento acerca del convenio marco firmado entre el Gobernador Regional de Magallanes y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con la finalidad de despejar toda duda acerca de su legalidad”, concluyó Matheson.
En síntesis, el parlamentario magallánico pide a la Contraloría que señale si el Gobernador Flies actuó dentro del ámbito de sus competencias y que, si no fuera así, sea dejado sin efecto el convenio mencionado, y además en el caso que se hubieran asignado recursos estos deban ser restituidos a las arcas fiscales.
