Punta Arenas. 26 marzo 2019. Acompañado por el abogado Rodrigo Flores, el alcalde Claudio Radonich llegó hasta los tribunales de Justicia para presentar una querella por Fraude al Fisco, contra el jefe de contabilidad de la dirección de finanzas de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Juan Mariano Vargas quien pertenece a dicha entidad desde abril de 1990, por no cumplir con una obligación tributaria, lo cual habría generado un eventual delito y detrimento patrimonial, perjudicando económicamente a la Corporación y al Municipio.
El abogado representante, Rodrigo Flores explicó que "en el afán de recaudar recursos para poder cumplir obligaciones legales o resoluciones judiciales, se determinó la existencia de un saldo retenido en el Servicio de Impuestos Internos, correspondiente al 1 % de la franquicia tributaria, que asciende a 300 millones y fracción. Al requerir la información a SII, este emitió una resolución señalando que se había informado en reiteradas ocasiones a la Corporación, en este caso a la jefatura de contabilidad, la obligación de tener que regularizar la situación pendiente desde el año 2009, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido".
En tanto, Radonich agregó que "mientras se hacían las solicitudes en el SII, nos encontramos con que desde el año 2009, no se han presentado ni firmado libros contables y no se han presentado balances de la Corporación, generando un detrimento patrimonial, ya que esos dineros finalmente, los tendrá que poner la Municipalidad".
A esto, el Alcalde añadió que "existe una obligación tributaria, la cual no se ha cumplido. Hay obligaciones laborales que no han sido cumplidas de manera reiterada por funcionarios de la Cormupa, por lo que estamos frente a un eventual delito tributario y claramente también, frente a un perjuicio económico.
Finalmente, la autoridad comunal enfatizó en que esto lo obliga a tomar acciones dentro de la Corporación, ya que se encuentra frente a obligaciones que no se cumplieron, por ejemplo, respecto al código tributario.
Hoy solicitamos a Fiscalía que se investigue, y por otro lado, en lo administrativo haremos cambios sustanciales en la Cormupa.
La acción judicial persigue y establece una sanción de inhabilidad perpetua para ejercicio de cargos u oficios públicos, y una pena que va de presidio menor en su grado mínimo a medio.
