Valparaíso. 5 mayo 2019. En una próxima sesión ordinaria, los integrantes de la Comisión de Economía del Senado conocerán los cambios realizados en la Cámara al proyecto que limita la responsabilidad de los usuarios por operaciones realizadas con tarjetas de crédito extraviadas, hurtadas o robadas.
La norma, iniciada en moción del senador Manuel José Ossandón y los ex congresistas Lily Pérez y Eugenio Tuma, fue analizada por los diputados, quienes hicieron una serie de modificaciones. De ser rechazadas por los senadores, deberá formarse una comisión mixta para acordar un texto final.
El contexto de esta discusión está en la gran cantidad de ciberataques de los que ha sido objeto la banca electrónica y los numerosos casos de clonaciones de tarjetas de crédito. La pregunta que se hacen los clientes es si es justo pagar al banco por proteger sus tarjetas, entendiendo que esto debiera ser parte del servicio.
Hasta ahora, los clientes afectados deben dar cuenta a su banco del incidente del que han sido víctimas (clonación, pérdida, robo o hurto de tarjetas de crédito bancarias) y a partir de allí, estas entidades inician la investigación respectiva. En cuanto a la recuperación de los fondos sustraídos, solo aquellos que han contratado seguro por fraude pueden acceder a este beneficio.
La moción original planteaba limitar la responsabilidad de los clientes en caso de extravío, hurto, robo o fraude, asignando más responsabilidad a los emisores de tarjetas e instituciones bancarias, sin la necesidad de que los clientes deban tener un seguro contra fraude.
Sin embargo, los cambios en la Cámara de Diputados endurecieron la propuesta y ahora los bancos tendrán absoluta responsabilidad en los fraudes que afecten a los usuarios, eximiendo a los comercios y a los tarjetahabientes (clientes). Igualmente se asigna responsabilidad a los bancos, en casos de fraudes relacionados con transferencias electrónicas.
Además, el banco deberá devolver o restituir los fondos al usuario en un plazo máximo de 7 días hábiles. Hoy ese lapso en promedio es de 120 días. Si el usuario desconoce una operación, corresponde al emisor demostrar que ella fue autorizada por el titular o usuario.
Por lo mismo, la banca ha solicitado que el texto sea revisado por el Tribunal Constitucional (TC) puesto que parte de él atentaría contra la Carta Fundamental respecto a que toda la responsabilidad quedará en manos de los bancos. Argumentan que en todos los casos serán los bancos los que deberán asumir el costo de los fraudes y sus consecuencias,
En ese entendido en la Cámara Baja, se presentaron indicaciones que apuntaban a que los consumidores pagaran 0,5 UF (14 mil pesos aproximadamente), a modo de deducible, al ser víctimas de fraude y se aumentan los plazos para que los bancos respondan por el dinero robado, pasando de tres a siete días. Esto finalmente fue rechazado.
También se propuso que si un banco determina que no hubo fraude, podría quitarle el dinero repuesto al cliente sin necesidad de la sentencia de un tribunal. Todo eso quedó en nada.
La Comisión de Economía revisará el texto aprobado por la Cámara Baja. Si bien es cierto que la norma quedó muy pro-consumidores, se estima que algunos legisladores harán ver las aprehensiones de la banca. Por lo anterior, todo indica que el tema irá a comisión mixta.