Santago. 21 enero 2019. A pocos días de finalizar el 2018, el Gobierno de Chile publicó su Cuarto Plan de Acción Nacional ante la Alianza para el Gobierno Abierto 2018 – 2020, documento que ha sido co creado entre el gobierno y distintas organizaciones sociales y académicas, y que enmarca 12 compromisos nacionales para fomentar y fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la administración pública chilena.
Este esfuerzo, que ya ha enmarcado reformas tan relevantes como la Ley de Lobby, la Ley de Probidad y la implementación de programas de gobierno electrónico y de datos abiertos, se ha convertido a su vez en una plataforma para impulsar programas que buscan abrir los gobiernos municipales, sea a través de portales de información, la implementación del modelo de gestión de la transparencia o el diseño del plan piloto para el gobierno abierto municipal.
Dichos esfuerzos alcanzan un cuarto eco en el actual plan, en el cual se establece la necesidad de profundizar los modelos de interacción entre las administraciones locales y su comunidad.
Todos estos esfuerzos han logrado cambios formales en las municipalidades chilenas. Según el estudio que hemos desarrollado en el Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM) de la Universidad Autónoma de Chile, una buena mayoría de las municipalidades cuentan con amplio cumplimiento en cuanto a transparencia activa (74%), acceso a la información (69%), participación ciudadana (ordenanzas y conformación de Consejos de la Sociedad Civil en un 72%) y probidad (65%).
Pero en cuanto a la implementación de mecanismos nuevos e innovadores, que busquen fomentar el uso de información y el involucramiento ciudadano, estamos aún muy atrasados, con un promedio de tan solo el 6% de cumplimiento.
Esto evidencia que, a nivel institucional, las municipalidades chilenas logran cumplir con las exigencias formales de las Leyes de Acceso a la información (20.285), de Participación Ciudadana (20.500) y de Probidad (20.880), pero que esto no significa que haya gobierno abierto municipal.
El reto queda, entonces, en fomentar espacios innovadores, que permitan ir más allá de lo formal, que sean apropiados según el contexto social y los intereses de cada comuna, y que busquen generar, por fin, mayores espacios de interacción y de diálogo entre las administraciones y la sociedad civil. Un reto no menor, pero tampoco imposible.
Por lo mismo, la meta debe ser el fomento de la innovación pública, para lo cual se requiere perder el miedo a acercarse a la ciudadanía, perder la desidia ante lo Público e iniciar conversaciones que permitan identificar problemas y oportunidades para la comuna. Solo entonces hablaremos de un gobierno abierto municipal en Chile.
Fuente: La Tercera.
