Violencia escolar: invitarán a autoridades de Interior, especialistas y representantes de comunidades afectadas por hechos graves

11 octubre 2018, 08:10 hrs
Valparaíso. 11 octubre 2018.  Un profundo debate que convocó distintas visiones y dimensiones de la convivencia escolar y sus manuales así como una mirada integral del proceso educativo, el rol de los padres y apoderados e incluso factores “extra muros”, tales como, el efecto del microtráfico y el tráfico de drogas y la influencia de colectivos violentistas en establecimientos fue el que se desarrolló en la primera sesión de la Comisión de Educación del Senado, destinada a analizar el proyecto conocido como Aula Segura.
 
La jornada fue precedida por una amplia discusión tras el informe de mayoría de la Comisión de Constitución que declaró que la iniciativa del Ejecutivo adolecía de vicios de constitucionalidad y del emplazamiento de la ministra de Educación, Marcela Cubillos a ajustarse a las urgencias legislativas.
 
No obstante, una vez que la titular de la Comisión de Educación, la senadora Yasna Provoste convocó a sesión y el Ejecutivo renovó la urgencia suma se realizó una detallada exposición de los alcances del proyecto del Ejecutivo que apunta específicamente a “hacernos cargo de una situación de violencia extrema (porte de armas, ataque con bombas molotov y actos de agresión)  frente a los cuales los manuales de convivencia están sobrepasados”, dijo la ministra Cubillos.
 
Sin embargo, los argumentos de los senadores de oposición Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Jaime Quintana y Alejandro Guillier, apuntaron a la necesidad de “abordar este tema de violencia escolar de manera más integral y no solo desde la perspectiva punitiva”, pues los hechos conocidos públicamente y de amplio impacto que atemorizan a comunidades completas “son un síntoma de situaciones más complejas y que no estamos viendo de la manera adecuada, más aún cuando la facultad de expulsar de los directores ya está contemplada en los reglamentos internos”.
 
Según el informe técnico del Ejecutivo sobre el proyecto y que apoyaron los senadores Ena Von Baer y Rodrigo Galilea, la iniciativa se justifica, en el sentido que “se requiere modificar la Ley de Subvención porque “son los establecimientos públicos -y no los privados-, donde los rectores encuentran casi con un verdadero procedimiento judicial para expulsar a los alumnos en casos de violencia extrema”.
 
Además “se acortan los plazos y se permite que se suspenda al estudiante que haya incurrido en dichas conductas mientras dure el proceso”, evitando así “exponer a la comunidad escolar a tener que convivir con el alumno agresor al día siguiente que rocía con bencina a un docente”.
 
A partir de ahí se fueron desgranando una serie de interrogantes, datos y cifras como por ejemplo:
 
-       ¿Por qué los casos de violencia extrema se concentran en liceos específicos? (500 ataques con bombas molotov en lo que va del año; 96 detenidos por utilización de estos artefactos y según datos de la Fiscalía Centro Norte 223 causas vigentes con delitos asociados en 4 colegios en la capital, de los cuáles 22 son causas por incendios y porte de armas como las descritas por este proyecto).
 
-       ¿Hay indicios de hechos de esta naturaleza en otras comunas de la capital o en otras regiones?
 
-       ¿Qué pasa con los programas de prevención y los recursos asociados en la Ley de Presupuesto 2019 que registran una reducción?
 
-       ¿Por qué hubo padres de algunos de alumnos expulsados por los últimos ataques incendiarios que afirmaron desconocer las actividades de sus hijos y otros, que aun estando en conocimiento, se mostraron partidarios de la medida pues permitiría separar a sus hijos a entornos y amistades violentas?.  
 
-       ¿Por qué el Ejecutivo no aborda en un proyecto integral convivencia escolar y violencia?, ello considerando que también existen agresiones graves de parte de padres y apoderados a miembros de la comunidad escolar.
 
-  ¿Existe un levantamiento de la situación de liceos afectados por el microtráfico y el tráfico de drogas?
 
-       ¿Cuáles son las medidas de acompañamiento y reinserción que se van a aplicar a los alumnos expulsados por estas conductas?. ¿Los “alumnos problema” van a pasar a formar “liceos problema”?.
 
-       ¿Existe evidencia o informes del Ministerio del Interior sobre actividad de colectivos violentistas que pudieran estar ‘reclutando’ jóvenes para estas actividades?. De ser así, ¿el alumno expulsado es un agresor o una víctima de algún tipo de manipulación? Y por último, en este caso ¿la expulsión evitaría que estos grupos sigan reclutando a más jóvenes?  
 
“CASI ME EXPULSAN”
 
Un punto de inflexión en el debate se produjo cuando el senador Rodrigo Galilea afirmó que “como en todo proyecto uno puede complicar las cosas hasta el infinito y en el camino olvidar el punto específico a resolver. Aquí se trata de un tema que ha causado conmoción pública y que pareciera no quedar suficientemente bien resuelto a través de los actuales reglamentos escolares”.
 
En estos se contempla como causas gravísimas una dispersión de conductas que van desde: falsificación de firmas, fumar, beber alcohol y se mezclan con estas actividades de otra envergadura que requieren de otra solución”.
 
Además defendió la medida de expulsión pues “en sí misma motiva un cambio de conducta. Uno no debería andar contando estas cosas pero… a mí... Casi, casi me expulsan en el colegio (por razones completamente distintas a las que contempla este proyecto), pero al verme expuesto al dilema me vi obligado a ‘entrar las patas’ y eso motivó un cambio total en mí”.
 
Tras la sincera y espontánea confesión, los senadores de la Comisión fueron convergiendo en el acuerdo de elaborar un listado de invitados entre los que se encuentran el ministro del Interior, penalistas, especialistas, rectores de los liceos afectados por casos de violencia y representantes de la comunidad escolar.
 
Asimismo, ante los emplazamientos de la oposición a abordar este proyecto de forma integral, la ministra de Educación aseveró que “acojo la invitación y valoro que este proyecto nos permita levantar el tema de la convivencia escolar en su conjunto y quizás de este debate surjan propuestas concretas para aplicar y financiar programas o tal vez patrocinar o fusionar mociones parlamentarias que estamos dispuestos a mirar con mayor amplitud”.
 
Sin embargo, dejó claro que “lo que no se puede pedir es resolver con este proyecto todo el problema vinculado a la violencia y la convivencia escolar”.
 
 
 
 

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