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Ministro Iván Hunter por visita a Mina Invierno: «Es una decisión que si el Tribunal lo estima conveniente podría eventualmente adoptar»

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Ministro Iván Hunter por visita a Mina Invierno: «Es una decisión que si el Tribunal lo estima conveniente podría eventualmente adoptar»

Ministro Iván Hunter por visita a Mina Invierno: «Es una decisión que si el Tribunal lo estima conveniente podría eventualmente adoptar»

Santiago. 7 julio 2019. En entrevista con Pauta el magistrado del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, Iván Hunter se refirió al conflicto laboral que desató la decisión judicial de mantener la medida cautelar que prohíbe el uso de tronaduras de baja carga bajo la cota cien en Mina Invierno.

Mediante una entrevista telefónica, el juez fue consultado su visión en relación a que ciertas empresas aplican la política de hechos consumados, «es decir debido a que la inversión ya está hecha, cambian parte del proyecto apostando que ya no se le van a quitar los permisos».

Al respecto Hunter dijo que «hay que entender algo, nosotros como Tribunal tenemos la función de conocer una reclamación que ha sido interpuesta por una serie de personas que formularon observaciones dentro del procedimiento de evaluación ambiental. En estos minutos nos encontramos en período de redacción de la sentencia, es un juicio bastante complejo, tenemos una cantidad de información bastante considerable, en estos momentos el expediente tiene veintiún mil ochocientas fojas aproximadamente por lo tanto no puedo emitir una opinión del fondo del asunto.»

– Pero en general se tiene la percepción de que las empresas estarían actuando así
«(Mina Invierno) es un caso complejo, hemos tenido que ocupar bastante cantidad de tiempo de los ministros, de funcionarios del Tribunal para el análisis de los antecedentes lo que significa además que en este tipo de situaciones no hay mucha claridad en general respecto de cómo se está operando en la institucionalidad, pero son partes de las reglas del juego, yo creo que lo que sucede en este caso no es algo distinto a lo que puede suceder en algún otro caso similar o parecido.»

¿Qué le parece que se concentre el mensaje en el aspecto social más que en el ambiental? Y también saber su opinión sobre las declaraciones del gobierno. ¿Creen que pueden socavar un poco la autoridad del tribunal?

Yo creo que son cuestiones distintas incluso desde el punto de vista jurídico, si ustedes revisan el expediente, nosotros tenemos un sistema donde los expedientes son públicos, se pueden revisar todas las actuaciones que hemos realizado en relación a esta causa, lo que se ha resuelto por el Tribunal en voto de mayoría es una medida cautelar, que es una resolución que tiene efectos provisionales mientras se tramita el juicio en las cuales las consideraciones de orden social, económica, los distintos intereses que convergen en un litigio y específicamente en la realización de una actividad pueden ser consideradas al momento de tomar la decisión, son distintos los interés los que convergen en este caso.

El voto de mayoría en definitiva lo que determina es que se establece una prohibición de realizar tronaduras por debajo de los cien metros a nivel del mar y el voto disidente que fue redactado en este caso por mi establece que debía seguirse con una tronadura controlada. Distinto es, por cierto, el juicio que haga el Tribunal respecto del fondo de la reclamación donde nosotros ya nos vamos a pronunciar derechamente por las ilegalidades, es decir, si es que la resolución de calificación ambiental que fue otorgada por el Director Ejecutivo del Servicio (de Evaluación Ambiental) se ajusta o no se ajusta derecho, son dos juicios distintos en el sentido que toman elementos distintos, es el mismo proceso evidentemente en el cual uno de ellos se puede hacer este tipo de consideraciones y en el otro no.

Ahora bien, aquí es súper importante considerar lo siguiente, los Tribunales Ambientales por ley tenemos solamente una función de revisión, nosotros no dotamos de contenido a los actos porque ese contenido de los actos lo define la administración, nosotros simplemente nos acompañan los antecedentes que dieron origen al acto y revisamos ese acto en relación a los motivos que están en este caso señalando los respectivos observantes esa es la función que tenemos, una función de revisión de legalidad.

Cuando hablamos con el gerente de Mina Invierno nos dijo que encontraba inaudito que nadie del Tribunal haya ido a visitar la Mina Invierno. ¿Era necesario que ustedes fueran o no? 

Exactamente, los antecedentes que presentan las partes, los antecedentes que nos presentan en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, los antecedentes que nos presenta el reclamante y por sobre todas las cosas el expediente de evaluación, que es un expediente que es el que se lleva a cabo frente a la administración. Ahora todas estas decisiones son decisiones del Tribunal, son decisiones colectivas, somos tres personas las que tomamos este tipo de decisiones, son dos abogados, un científico y evidentemente que no puedo yo pronunciarme respecto de lo que diga o no diga el gerente de una de las partes.

Lo que quiero decir, es que no se va a ver eso a futuro, el Tribunal Ambiental de verdad no está dentro de lo que tiene que hacer es visitar los proyectos, solo para tener la claridad en eso, porque él lo decía bastante convencido.
No, eso es una facultad exclusiva del Tribunal, o sea nosotros no tenemos la obligación de hacerlo, ni en esta causa ni en ninguna otra, eso que les quede absolutamente claro, esa es una decisión que si el Tribunal lo estima conveniente podría eventualmente adoptar, pero eso va a depender de una serie de factores que evidentemente no se pueden develar, ni tampoco podemos anticiparlo, pero eso es algo que le repito no es obligación, no es obligatorio que nosotros vayamos y visitemos el proyecto porque aquí también hay que entender una lógica que no tiene nada que ver con el caso específico, pero sería bueno que se los comentara, el servicio de evaluación ambiental es un servicio cuya función principal es detectar y predecir impacto de riesgo que producen el desarrollo de determinados proyectos, es un sistema predictivo y preventivo, uno presenta un proyecto, ese proyecto uno describe unos impactos, describe unos riegos, y lo que hace el sistema es evaluarlos y definir como esos impactos cumplen con la legislación ambiental o en su caso el titular ha presentado medidas de mitigación, compensación o reparación, por lo tanto a la función de los tribunales en general no es una función de ver cómo está funcionando el proyecto, como funciona en la práctica porque eso ya es algo que corresponde a otro órgano de la administración que es la Superintendencia de Medioambiente quien es la que tiene que fiscalizar, tiene que verificar que el proyecto cumpla con la resolución de calificación ambiental, eventualmente que es una práctica que nosotros tenemos instalada no en las reclamaciones como la reclamación de Mina Invierno, sino que en las demandas por daño ambiental eventualmente ahí sí que hemos decretado inspecciones personales porque ahí no hay una decisión que estemos revisando, ahí hay un particular o un organismo público que interpone una demanda para que se repare el medioambiente y eventualmente ahí hemos decretado inspecciones personales pero lo que es reclamaciones en general la regla es que nosotros tenemos una función de revisión, no estamos para ver cómo se comporta el proyecto en la práctica.

Nos queda clara esa diferencia, pero queda justamente la sensación en la opinión pública que habrían criterios diferentes porque el sistema de evaluación de impacto ambiental aprobó una parte de las tronaduras en proyecto y eso después se revisó y se aplicaron medidas cautelares para frenarla.

-¿Cómo se puede evitar que esto aparezca como un elemento que puede agregar incertidumbre en el país?
Si por supuesto, yo creo que siempre ha sido constante la preocupación por la judicialización de los proyectos, eso es algo que si uno revisa en general la crítica y especialmente las discusiones que se han dado en el contexto a la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental está la crítica de la judicialización, ahora bien, yo creo que hay que comprender que la judicialización es inevitable por una razón muy básica, existe un derecho que es de todo ciudadano, incluso de ciudadano de cualquier naturaleza hasta las mismas empresas, de recurrir a un Tribunal de justicia cuando entiendan que una decisión de la administración los perjudica. Ahora si usted me pregunta como nosotros podemos aligerar esa situación, evidentemente que es aligerando el proceso en general y ahí quizás aprovecho la oportunidad para contarles que en temas de integración de los Tribunales Ambientales estamos muy al debe, estamos demorando un año y seis meses aproximadamente en renovar a cada uno de los ministros cuando salgan.

Fuente: Pauta Diario Digital

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